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El presidente de la República y sus ministros tienen una prohibición constitucional de participar en política. Esa ley no se creó para esta presidencia en particular ni se trata tampoco de una regla caprichosa. Surgió de la preocupación con los abusos de poder y de entender la figura del Gobierno nacional como responsable de representar a todos los colombianos, de garantizar igualdad de oportunidades en democracia y de no utilizar sus enormes recursos para influir en el resultado de unas elecciones. Aunque se trata, sí, de una norma controvertida, en este espacio hemos tenido que reclamarle por años al presidente de turno que no la viole. Lo extraño es que sean el presidente Petro y su gabinete, en otras épocas opositores que pidieron de viva voz el cumplimiento de esa normativa, quienes no le muestren ahora el más mínimo respeto.
El mayor vulnerador de la normativa es el presidente, Gustavo Petro. En redes sociales no pierde oportunidad para referirse a los precandidatos presidenciales que no son de su orilla política para ridiculizarlos, criticarlos y, en su peor versión, estigmatizarlos. En tarima pública también los vive nombrando. Hace unos días, en Ibagué, dijo: “Pónganme a Paloma [Valencia], a Vicky [Dávila], a [Juan Carlos] Pinzón, al señor [Abelardo] de la Espriella y les gano. Pónganme a los tibios y les gano a todos juntos”. Esa misma práctica la adoptó su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien no le vio problema a comentar sobre precandidatos en entrevista con Semana. Volviendo al presidente Petro, también ha dejado en evidencia cuál es el resultado que espera en las elecciones. “Toca ganar Congreso y Presidencia, pero lo que yo estoy proponiendo además es que nos pongamos en modo constituyente”, dijo en otro momento.
El Gobierno está jugado por la reelección de su proyecto político, pero en el proceso abandonó el cumplimiento de su deber constitucional. Sus defensores de oficio intentan disfrazarlo como un simple asunto de personalidad, un cambio en la manera de ejercer la política al que no estamos acostumbrados. Pamplinas, el cumplimiento de las leyes no está sujeto a buenos o malos modales.
Están también los contraargumentos de siempre, que hemos escuchado en gobiernos pasados. ¿Acaso el presidente no tiene derecho a expresar sus opiniones, a mostrar sus preferencias, a defender su legado? A esto ha respondido esta semana el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach: “El presidente de la República y los miembros de su gabinete tienen el derecho legítimo a defender su gestión, su programa, su pensamiento político, siempre y cuando se haga en el marco de la ley y la Constitución”. Y eso es precisamente lo que no están haciendo.
La Presidencia es una figura con mucho poder tanto simbólico como financiero en Colombia. Por eso, para garantizar los derechos de la oposición, se le imponen límites a lo que se puede hacer o decir. En esencia, en el plano electoral, es no favorecer a uno o a pocos candidatos sobre los demás. De esta forma no solo se protege la autonomía del proceso electoral, sino que se les demuestra a los colombianos que las instituciones están para protegerlos a todos, no solo a los que piensen igual al gobernante de turno. Sí, hay otros países que lo hacen distinto, como Estados Unidos, donde hay permiso para participar activamente en política sin importar el cargo. Pero si ese es el modelo que queremos, sería necesario primero adelantar una reforma que sea discutida ampliamente y aprobada en el Congreso. Mientras tanto, las normas son claras y el presidente y su equipo las están incumpliendo. Así él responda a esta crítica como si se tratara de un intento por censurarlo, la ley es para todos.
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