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La teoría política y la práctica electoral evidencian que los polos opuestos se atraen y se necesitan; incluso, no son pocas las veces en que tácitamente terminan ayudándose. Por eso, tampoco es gratuito que en sus formas de agitación se parezcan. Un ejemplo de ello es lo que sucede con los centros de pensamiento que han venido pululando a nivel global y que tienen redes con varios partidos colombianos de izquierda y de derecha.
Es destacable, sin duda, que los protagonistas de un debate cada vez más polarizado y cargado de verdades a medias –por no decir que de mentiras generalizadas– tengan interés de darles forma y fondo a sus ideologías. Pero es clave, y ahí es donde fallan, que sean transparentes sus relaciones e interlocutores.
El Espectador, ante ese vacío, trabajó durante varias semanas para establecer los lazos que unen a personajes como el presidente Gustavo Petro y –entre otros– a las senadoras María José Pizarro y Clara López con centros de pensamiento que generalmente difunden información favorable a lo que en Colombia se bautizó como proyecto progresista y que ya lleva varios meses en una campaña frontal y no con poca propaganda por buscar su reelección en el 2026.
No es gratuito que reconocidos centros de este sector del espectro político como la Celag divulguen encuestas favorables al jefe de Estado y su entorno –y que la Casa de Nariño las replique–, o que los congresistas oficialistas viajen generalmente con todo pago a foros de corte académico que desarrollan grupos como Rumbo Colectivo o la Internacional Progresista. De hecho, eso les permite estrechar redes con políticos extranjeros y buscar recursos para formar en el país espacios como los que se bautizaron Centro de Pensamiento Vida e Instituto de Pensamiento Progresista.
En la otra orilla están el expresidente Álvaro Uribe y congresistas precandidatos como María Fernanda Cabal y Miguel Uribe, entre otros, que comparten escenarios en el extranjero con figuras como Santiago Abascal y Santiago Peña, también para echar raíces de esa tendencia en territorio nacional. Además, coinciden en espacios como el Western Hemisphere Security Forum y el Foro de Madrid.
No está mal que líderes políticos busquen afinidades ideológicas con sus pares en otras naciones, pero sí es cuestionable que no identifiquen plenamente a sus interlocutores y sus agendas. Desde allí llegan recursos, se enarbolan luchas narrativas por propagar sus verdades y se le da visibilidad a una serie de argumentos que únicamente en un debate democrático transparente el electorado puede identificar con más carga de razón que de emocionalidad.
A medida que se acercan las elecciones de 2026, estos centros de pensamientos globales y sus ramificaciones en el país se consolidan como actores políticos en la sombra. Eso obliga a que sus datos y análisis deban mirarse cada vez con más lupa. Quienes ejercen la política desde diversas orillas deben contar de quiénes y cómo alimentan sus discursos y cuáles son los procesos de difusión de sus tesis.
Con una conexión adicional que hasta ahora ha pasado de agache. Según la Ley 1475 de 2011, el 15 % de los recursos estatales que reciben los partidos debe destinarse a las actividades de sus centros de pensamiento, la realización de cursos de formación y capacitación política y electoral, y para la inclusión efectiva de jóvenes, mujeres y minorías étnicas en el proceso político. Sin embargo, muchos de estos centros siguen siendo incipientes o ni siquiera están en un papel. ¿Qué ha pasado con ese dinero que es precisamente de origen público?
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