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Ecopetrol es más importante que Ricardo Roa. No porque Roa haya perdido su derecho fundamental a la presunción de inocencia, sino porque los escándalos que rodean al presidente de la empresa arruinan la reputación de uno de los insumos más importantes de los colombianos. En vísperas de dos imputaciones por dos delitos distintos, Roa necesita concentrarse en defenderse como un ciudadano del común, mientras alguien sin cuestionamientos se encarga de la petrolera. ¿Acaso es tan indispensable el perfil de Roa que no hay ningún otro colombiano sin investigaciones penales en su contra que pueda suplir su ausencia?
Lo dijimos en su momento: las preguntas que giran en torno a la figura de Roa son suficientes para exigirle la renuncia. Ahora lo son más, cuando la Fiscalía ha dejado saber que le imputarán dos delitos: violación de topes electorales y tráfico de influencias. Eso quiere decir que el ente investigador colombiano cree tener suficientes indicios probatorios para empezar un proceso formal en contra de la cabeza de Ecopetrol. Igual que lo haríamos con cualquier otro servidor público, le pedimos a Roa que se aparte de su cargo. No tiene ningún sentido enfrentar un proceso penal y, al mismo tiempo, ser la representación de la petrolera.
Explicando lo obvio, la defensa de Roa dijo que la imputación solo es “una comunicación de que está siendo investigado” y que “la presunción de inocencia solo se extingue cuando hay una decisión de un juez que quede firme. La Fiscalía, en este sistema procesal, tan solo es una parte más”. Por eso, argumenta, no se hace necesaria la renuncia. Más allá de la clase básica en derecho penal, los argumentos jurídicos no pueden saltarse la realidad ética. Sí, es cierto que Roa no ha sido declarado culpable y también lo es que tiene derecho a la presunción de inocencia. Ese no es el debate. El punto es que a los servidores públicos se les exige mucho más de lo que pide la ley porque tienen a su disposición recursos de todos los colombianos y porque, en este caso, están ligados a la legitimidad de una empresa esencial para el país.
Adicionalmente, contra Roa ya hay decisiones. El Consejo Nacional Electoral lo multó con 6.000 millones de pesos por las fallas en la contabilidad de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de la República. Por esos mismos hechos ahora la Fiscalía le va a imputar uno de los delitos. El otro escándalo tiene que ver con un apartamento de 1.800 millones de pesos que el presidente de Ecopetrol habría comprado muy por debajo de su precio comercial. Luego el país supo que detrás de esa operación estaría la empresa Princeton International Holding, beneficiada por contratos con la petrolera. Ese es el motivo para la segunda imputación.
Cabe recordar que Roa ha negado todos los hechos. Ante el CNE, la campaña Petro ha insistido en que la contabilidad se hizo de manera correcta y que quieren cobrarle el triunfo al mandatario. Sobre el apartamento, el presidente de la petrolera dice que puede probar la compra con recursos propios y que no hubo ningún interés indebido en la celebración de ese contrato. La Fiscalía tendrá que probar lo contrario si quiere que el proceso termine en una condena. En todo caso, Colombia debe entender cuanto antes qué fue lo que ocurrió.
Dicho lo anterior, no vemos cómo puede Roa continuar a la cabeza de una empresa con responsabilidades internacionales. Si la junta y la Presidencia de la República lo atornillan, le estarán enviando un mensaje a los socios de la compañía de que la política es más importante que la justicia y un servicio público idóneo. No le hagan más daño a Ecopetrol.
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