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La intervención oportuna de la Contraloría en la posible venta del proyecto Permian de Ecopetrol puede evitar un detrimento patrimonial irreparable a las finanzas públicas, proteger la de por sí golpeada acción de la petrolera y, más importante, marcar un punto de quiebre sobre la injerencia de la Presidencia de la República en decisiones que deberían ser técnicas y autónomas de la junta directiva. La insistencia de la Casa de Nariño en deshacerse de los negocios que involucran fracking, así no ocurran en nuestro país y hayan sido muy rentables, se suma al hecho de que las promesas de convertir Ecopetrol en una empresa de energías renovables ha tenido mucho de discurso y más bien poco de ejecución. La transición energética no se consigue con arrebatos ni con golpes de autoridad sobre la mesa.
Ecopetrol es la empresa pública más importante del país, no solo por los cuantiosos recursos que asigna al presupuesto nacional, sino porque muchos colombianos tienen sus acciones y han participado en su desarrollo. Desde que llegó a la Presidencia, Gustavo Petro prometió revolucionar y evolucionar la petrolera para convertirla en una productora de energía renovable, blindarla del eventual decrecimiento del mercado de los combustibles fósiles y transformarla en un activo coherente para un país que reconoce la emergencia climática como una amenaza existencial para el planeta entero. Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho y lo que hemos visto estos años han sido escándalos de falta de autonomía en la gobernanza corporativa, injerencia de la Casa de Nariño en decisiones estratégicas, cuestionamientos sobre el gerente, Ricardo Roa, y un deterioro de los prospectos de la empresa.
Como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, nos parece necesario balancear la necesaria transición energética con las realidades de nuestro país. En medio de un déficit de recursos, Ecopetrol sigue siendo uno de los aportes más confiables y consistentes. Eso implica, sí, buscar nuevos mecanismos de ingresos, pero también reconocer la importancia de los negocios que ya funcionan. El Permian, un yacimiento no convencional donde se usa fracking, ubicado entre el oeste de Texas y el sureste de Nuevo México, es una de las grandes apuestas recientes de Ecopetrol. Hoy, ese solo proyecto representa el 15 % de la producción de Ecopetrol y, según estimados, el 14 % del ebitda del segmento de exploración y producción. Sin embargo, el presidente Petro ha pedido que se venda, ha ejercido presión sobre la junta directiva y ha citado un dudoso estudio que argumenta que las ganancias no son tan claras.
No basta con un estudio de 28 páginas, cuestionado por expertos, para tomar una decisión de este estilo. El mismo Ricardo Roa habló hace unos meses del éxito del proyecto, así ahora tenga que hacerle caso a su jefe político. En todo caso, la pregunta de fondo es técnica: ¿de verdad es una mala inversión o está Ecopetrol en riesgo de quedarse sin uno de sus negocios más rentables? La Contraloría le inyectó sentido común al debate. En una carta, pidió “el informe técnico, financiero y jurídico que sustente una eventual venta”; “las actas de junta directiva donde se haya discutido el tema”, “evaluaciones de riesgos reputacionales y fiscales”, “el impacto estratégico y financiero que tendría desprenderse del activo” y “la certificación de que cualquier decisión se adopta conforme al gobierno corporativo y a la normativa vigente”. Es decir, lo razonable para cualquier decisión de tal envergadura. Agregaríamos que el país también necesita conocer qué se haría para reemplazar los ingresos perdidos y dónde se invertirían los recursos de la venta, más allá de simplemente argumentar que van para energías renovables. Ecopetrol no se puede administrar a punta de discursos.
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