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Los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones en aguas internacionales son una violenta, preocupante y muy dañina muestra del desdén que el Gobierno de Donald Trump siente por el derecho internacional, el debido proceso y la dignidad humana básica. Más allá de si los ocupantes de las embarcaciones están cometiendo un delito, es incomprensible e inaceptable que el Ejército estadounidense, con todo su poderío y clara superioridad armamentística, no sienta la responsabilidad de actuar bajo principios básicos de las democracias liberales.
El sábado, el Ejército estadounidense bombardeó otra embarcación en el Caribe. Al cierre de esta edición, son 16 las embarcaciones destruidas, con 64 personas asesinadas. Al anunciar el último ataque, el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, dijo que los servicios de inteligencia de su país conocían la nave destruida “por su participación en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes”. Después, agregó que los narcotraficantes “están introduciendo drogas en nuestras costas para envenenar a los estadounidenses en su propio país, y no lo lograrán. El Departamento los tratará exactamente como tratamos a Al-Qaeda. Continuaremos rastreándolos, localizándolos, buscándolos y eliminándolos”. Es decir, van a continuar las ejecuciones extrajudiciales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo dijo aún más claro hace poco. Cuando le preguntaron si iba a solicitar al Congreso de su país una autorización para librar la “guerra” que dice estar llevando a cabo contra los carteles de la droga, respondió: “No creo que vayamos a pedir una declaración de guerra, creo que simplemente vamos a matar a la gente que trae drogas a nuestro país. Los vamos a matar. Van a estar muertos”. En Estados Unidos no existe la pena de muerte para personas acusadas de narcotráfico. De hecho, todas las personas tienen derecho a un juicio justo, marcado por el debido proceso. Por eso el Ejército estadounidense está llevando a cabo los ataques en aguas internacionales: sienten que no tienen que responder a sus tribunales de justicia. Las pocas veces que personas han quedado con vida después de los bombardeos, han sido deportadas a sus países de origen donde, por cierto, tampoco hay pena de muerte para quienes trafiquen drogas.
No hay manera de defender lo que está haciendo el Gobierno de Estados Unidos. Incluso si las personas en las embarcaciones están llevando drogas de manera ilegal, ¿no podrían acaso ser apresadas y sometidas a un juicio? Algo similar dijo la semana pasada el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. Las normas internacionales establecidas solo permiten ataques letales como “último recurso contra personas que representan una amenaza inminente para la vida”, dijo Türk, y “ninguna de las personas a bordo de las embarcaciones atacadas parecía representar una amenaza inminente para la vida de otros ni justificar de otro modo el uso de la fuerza letal contra ellas según el derecho internacional”. Por eso, concluyó que “estos ataques y su creciente costo humano son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin y tomar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de personas a bordo de las embarcaciones”.
A pesar del rechazo, es probable que el Gobierno de Trump no cambie su actuar. También es preocupante oír las voces en nuestros países que celebran este tipo de actuar. Se ha normalizado el abuso de poder, saltarse las normas y asesinar personas de manera indiscriminada a cambio de un supuesto triunfo contra el narcotráfico. Pero esto último no es más que un espejismo. Los derechos humanos se crearon para protegernos a todos. No es momento de abandonarlos.
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