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En 2023, cuando estaba buscando regresar a la Casa Blanca, Donald Trump pronunció uno de sus discursos más crueles. “Han dejado entrar a cerca de 16 millones de personas a nuestro país”, afirmó ante miles de simpatizantes, “cuando hacen eso... están contaminando la sangre de nuestro país”. Hacia las siete de la mañana del lunes 13 de julio de 2026, con Trump como presidente, Joan Sebastián Durán Guerrero, colombiano en Estados Unidos que tenía permiso de trabajo y también un número de seguridad social, fue asesinado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés). Le dispararon, dijeron, porque supuestamente aceleró el carro y lo quería usar para hacerles daño. En el puesto de atrás estaba su hija de tan solo tres años. Los agentes del ICE estaban en medio de un operativo para deportar a un migrante en condición irregular. Durán Guerrero no era a quien buscaban.
Mary Hayes, residente de Maine que escuchó los disparos, relató la escena posterior. Según The New York Times, Hayes dijo: “Escuché agonía. Escuché un alarido que salía del alma, de reconocer que toda tu vida acababa de cambiar y nunca iba a ser igual”. Se refería a la niña y a la esposa de Durán Guerrero, quien salió a ver lo ocurrido, pues el asesinato fue justo en frente de su hogar. En Colombia, Ómar Durán, padre de la víctima, le habló con dolor a Noticias Caracol. “Él tenía mucha visión para salir adelante. Era un hijo maravilloso y no sé por qué le hicieron eso”, exclamó.
La versión oficial es que Durán Guerrero tuvo la culpa. Sin sonrojarse, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado escueto, en el que argumenta lo siguiente: “El ICE realizaba una vigilancia dirigida en el último domicilio conocido de un inmigrante indocumentado con una orden de expulsión definitiva. Un individuo salió de la residencia en un vehículo. Agentes del ICE intentaron interceptar el vehículo; este trató de huir del lugar y, ante el temor por la seguridad pública, un agente disparó su arma”. Hace menos de una semana, en Houston, Lorenzo Salgado Araújo, mexicano de 52 años, fue asesinado también en su vehículo. Como a Durán Guerrero, lo acusaron de haber buscado atacar a los agentes del ICE. Los testigos, en su caso, contradicen esa versión. En la de Durán Guerrero no hubo testigos, pero tampoco se han publicado los videos de seguridad que pueden esclarecer lo ocurrido. El relato oficial, en todo caso, no cuadra.
Durán Guerrero y Salgado Araújo se suman a 20 personas que en sus vehículos han recibido disparos provenientes de agentes del ICE, según The New York Times. Varios de esos casos terminaron en la muerte de las personas. ¿Desde cuándo la migración irregular tiene como castigo la pena de muerte? ¿Acaso los agentes de seguridad, que han operado armados hasta los dientes, con rostros cubiertos, no tienen entrenamiento para evitar abusos de poder? ¿O quizás el punto es otro? Durán Guerrero no era a quien buscaban. Salgado Araújo tampoco era a quien buscaban. No importa, para los agentes, que claramente están realizando perfilamiento con base en el color de piel, todo migrante es un potencial criminal. Si el jefe dice que vinieron a envenenar la sangre de la nación, no hay que pensarlo mucho.
El presidente de la República, Gustavo Petro, exigió al presidente Trump un mensaje a los colombianos. El presidente electo, Abelardo de la Espriella, debería hacer lo mismo, al tiempo que se piden investigaciones transparentes. Si se permite que una fuerza armada opere en impunidad, sin responder a la ley y sin respetar los derechos de las personas que están en Estados Unidos, se cae en un régimen que ya no se puede considerar democrático. Estados Unidos no puede seguir coqueteando con el fascismo.
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