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Durante el último consejo de ministros, el presidente de la República, Gustavo Petro, la emprendió contra la concesión del Canal 1. Ordenó, sin dar argumentos, que se licitara la contratación para implementar “una nueva forma de manejar la televisión” que esté en manos de las “juventudes, de la gente del arte y la cultura”. En los días posteriores, hemos visto que esta idea, como tantas otras en esta administración, tiene poco sustento jurídico, se siente como una retaliación por cubrimientos desfavorables al Gobierno y deja la idea de que la libertad de prensa que gusta en la Casa de Nariño es una que marche a la par de sus proyectos.
El presidente ordenó al ministro de las TIC, Julián Molina, iniciar la licitación. En una entrevista que le dio a Blu Radio ayer, el funcionario pareció enredarse en las aguas turbias a las que lo mandó el mandatario. Contó, por ejemplo, que contrataron una consultoría jurídica de alto nivel que los llevó a concluir que no podían decretar la caducidad de la concesión que está en firme. También dijo que hay procesos de investigación por irregularidades y que eso es una consideración para la renovación del contrato en el 2027, lo que abriría la puerta a una licitación. Sin embargo, su búsqueda de argumentos jurídicos deja entrever lo que sospechamos: que se trató de una medida retaliatoria caprichosa del señor presidente en contra de la prensa, que ahora está buscando ser presentada como una decisión planeada. La improvisación puede abrir a la nación y a los funcionarios involucrados a demandas y sanciones en el futuro, como ha ocurrido con otros procesos en esta administración.
El presidente y el ministro dirán que el canal es público y fue entregado a un privado, lo que es cierto, y argumentarán con rimbombancia que desean democratizar el acceso a la televisión, lo que puede ser loable. El problema es que busquen hacerlo vulnerando la seguridad jurídica de una concesión entregada cumpliendo las normas legales y con la existencia de una ley que reglamenta las expectativas en torno a ella. Ocurre, además, en el contexto de un mandatario que se dice atacado por la prensa libre y que no ha perdido oportunidad para estigmatizar a quienes lo critican. Lo que deben saber en la Casa de Nariño es que los contratos públicos no pueden operar según caprichos y retaliaciones.
Hay, claro, otra manera de solucionar el problema: hablando. La Asociación Colombiana de Medios de Información hizo un “llamado para que, en lugar de fomentar divisiones, se promuevan diálogos constructivos para el momento que atraviesa el país, el cual exige responsabilidad y grandeza para reconocer que la libertad de prensa no es un privilegio de los medios, sino un derecho de la sociedad entera. Solo con pluralidad, transparencia y respeto será posible construir el país democrático y en paz que todos anhelamos”.
La historia de los años de gobierno del presidente Petro ha sido de señalamientos al periodismo, mientras se celebran medios alternativos que, curiosamente, propagan la agenda de la Casa de Nariño. En eso el gobierno del cambio se parece mucho a presidentes anteriores que solo han considerado útil la libertad de prensa cuando sirve como propaganda. Empero, cumplir las normas y los contratos establecidos, creados para que todas las partes estén protegidas, es esencial para la democracia. Nuestro país no funciona mediante órdenes intempestivas del gobernante de turno.
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