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La captura preventiva de Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso, parece anunciar que vendrán decisiones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Se trata de la primera actuación del alto tribunal contra personas con fuero en medio del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), lo que debe haber alertado a los demás mencionados en las confesiones de Sneyder Pinilla y Olmedo López. Con todo, sigue siendo importante recordar, como en todos los casos, que la presunción de inocencia no se rompe y que una medida de aseguramiento preventiva no es una condena. Son muchos los interrogantes que necesitan respuestas lo más pronto posible.
Según cuatro de los seis magistrados de la Sala de Instrucción de la CSJ, Name y Calle son un “peligro para la comunidad”, pues “mostraron un posible irrespeto en la preservación y garantía de los derechos más esenciales de quienes la integran, actuando al parecer sin ningún límite, para afectar el bien común en procura de la satisfacción de sus propios intereses y apetencias”. Se les da entonces amplia credibilidad a las pruebas aportadas por Pinilla y López: “La Sala consideró que hay pruebas testimoniales e indicios graves de que los dos congresistas pudieron cometer los delitos investigados”.
Si en efecto la CSJ termina en una condena contra los congresistas, será un golpe a la legitimidad de la rama Legislativa y a la relación del Gobierno con ella. Según Pinilla, Name habría recibido un soborno de $3.000 millones y Calle uno de $1.000 millones a cambio de apoyar proyectos del Gobierno nacional. Por eso fue extraño que el presidente de la República, Gustavo Petro, hiciera una publicación, ahora eliminada, en la que decía que Name “se opuso a todos nuestros proyectos, y ahora va la cárcel, sindicado de robar al Gobierno y al pueblo”. Si en efecto el senador termina condenado a prisión, lo será en medio de serias dudas sobre el involucramiento de miembros del Gobierno en el desvío de recursos de la UNGRD para obtener favores políticos.
Es importante, a pesar de todo el ruido, recordar que el proceso está lejos de darse por terminado. Una medida preventiva no necesariamente implica que la sentencia será en contra y tanto Calle como Name, a través de sus equipos de defensa, han insistido en negar los hechos. La Corte Suprema tiene que resolver muchas preguntas que siguen sobre la mesa, como el rol del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la época, Carlos Ramón González, y de los ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Hacienda, Ricardo Bonilla, por ejemplo. Teniendo en cuenta la gravedad de lo que ocurrió, confiamos en que los magistrados hallen suficientes pruebas en el expediente para llegar a conclusiones frente a los detenidos y a todos los demás involucrados.
La palabra también la tiene la Fiscalía, que parece haber adoptado, por ahora, una actitud más prudente en involucrar altos funcionarios. Es importante que tanto la Corte como el ente acusador le puedan contar a Colombia cuáles son las consideraciones detrás de sus actuaciones y que estos procesos sean sólidos y transparentes. A pesar de las primeras condenas, estas capturas muestran que quizás, en lo judicial, apenas estamos viendo la punta del iceberg.
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