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La Fiscalía tomó una serie de pasos decisivos para mostrar que tiene planes más ambiciosos con los procesos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La imputación más sonada, por supuesto, es la dirigida a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y también exdirector de Inteligencia. Sin embargo, no deben pasar inadvertidas las imputaciones contra César Manrique, exdirector de Función Pública, y otras siete personas por desvío de recursos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a la Ungrd. Todo parece indicar que tanto la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como el ente acusador consideran tener pruebas suficientes para enjuiciar a personas de altos cargos políticos con cercanía al presidente de la República, Gustavo Petro.
El caso de Carlos Ramón González es el de más alto nivel hasta ahora. Se siente como una respuesta a la medida de aseguramiento que la CSJ dictó contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle. Según el ente investigador, tiene suficientes pruebas para demostrar que el exdirector del Dapre direccionó los sobornos a esos congresistas para lograr su apoyo a los proyectos del gobierno Petro en el Congreso. Por esto le va a imputar los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación a favor de terceros y lavado de activos.
Carlos Ramón González lo niega todo y se ha presentado a todas las audiencias, pero lo ha hecho desde fuera del país y su representación legal es ambigua al hablar sobre un posible asilo. Esto sería un error y una afrenta contra la justicia colombiana. Que un funcionario de tan alto nivel no se presente en Colombia a un proceso tan grave afecta la legitimidad de las instituciones. No hay de por medio persecución política alguna y la Fiscalía, dirigida por una persona nominada por el presidente Petro, le ha otorgado todas las garantías. Es importante que, si en efecto se hará insistencia en la inocencia, el exdirector del Dapre le dé la cara al país y pueda mostrar qué fue lo que ocurrió.
Especialmente porque los procesos judiciales se acercan lentamente, pero de manera segura a la Casa de Nariño. A Manrique, exdirector de Función Pública, la Fiscalía lo responsabiliza por direccionar $100.000 millones a la Unidad. Las otras personas imputadas muestran una red de contratistas armada para desviar esos recursos. Para una persona con un cargo tan importante dentro del gobierno Petro es fundamental que haya respuestas.
Como lo hemos dicho en el pasado, todos los involucrados en este escándalo mantienen su derecho al debido proceso y la presunción de inocencia. Tanto la Fiscalía como los jueces involucrados deben garantizar esas protecciones. No obstante, con las condenas ya existentes, son muchas las preguntas pendientes sobre cómo se utilizaron los recursos desviados y quiénes fueron los determinadores de los delitos. Después de un tiempo largo de investigación, es de celebrar que el ente acusador tenga la capacidad de avanzar en los procesos, aunque lo más importante es que en juicio muestre que su decisión es acertada. En medio de toda esta corrupción no pueden quedar dudas sobre quiénes fueron los responsables y con qué fines.
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