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Mientras el Congreso de la República le huye al debate de las reformas estructurales que ha planteado la Casa de Nariño, no pierde tiempo en adelantar proyectos que ponen en riesgo a los colombianos. En una decisión que huele a populismo y oportunismo, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó con 17 votos a favor un proyecto que, palabras más, palabras menos, quiere permitir que los colombianos utilicen armas de manera legal. En la práctica eso pretende echar para atrás un decreto vigente desde la firma de los acuerdos de La Habana y que Colombia retroceda en una de las pocas medidas que han servido para reducir la violencia y el número de víctimas mortales.
Leer los argumentos a favor del porte y uso de armas de manera legal es siempre caer en un mundo casi caricaturesco. Para los defensores de este “derecho”, quienes estén armados, los “buenos ciudadanos”, pueden así protegerse de “los malos”. Si suena a cómic de superhéroes es porque, bueno, así va la retórica empleada. El impulsor del proyecto, el representante conservador Juan Carlos Wills, dijo que busca “autorizar que quienes tienen armas en su posesión y con permiso vigente puedan hacer uso de ellas. Los bandidos salen a cometer sus armas sin un permiso de armas”. María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, utiliza la misma figura ilusoria: “Debemos regresar al porte legal de armas. Es un derecho que tiene el ciudadano a defenderse del bandido que lo ataca. Los países más seguros del mundo tienen el porte que hace responsable al ciudadano por el porte y uso. Solo quien pasa el examen y requisitos puede portar. El porte de armas legal es disuasivo frente a delincuentes y aumenta la seguridad ciudadana”.
En síntesis, la idea es que cuantas más personas “buenas” estén armadas, menos “bandidos” van a poder cometer delitos. Por eso Estados Unidos, el país con una de las mayores libertades en el porte y uso de armas, es de los que menos masacres tiene. Esperamos que el sarcasmo empleado sea evidente. Pero no hay que ir tan lejos: Colombia ya tiene pruebas de que, cuando se limitó el porte legal, se redujo la violencia. Una investigación de la Universidad de los Andes, citada por El Tiempo, explica que la restricción al porte “produjo una reducción de alrededor del 22,3 % en la tasa mensual de mortalidad relacionada con armas de fuego en Bogotá y Medellín”.
La lógica es fácil de seguir: Colombia es un país de riñas y sustancias que alteran la consciencia. Si a esa mezcla se le incluye la posibilidad de ir armado, estamos echándole leña al fuego de la violencia. El espejismo de quienes defienden la medida se desarma. En vez de ver a personas ejerciendo de manera responsable la legítima defensa, lo que tenemos es colombianos hiriendo y asesinando a otros colombianos, mientras que se dificulta la capacidad de las autoridades para ejercer controles adecuados a las armas ilegales. Sí, comprendemos que la seguridad se ha deteroriado y que el Estado colombiano tiene que hacer un mejor trabajo en proteger a todos los ciudadanos. Sin embargo, la solución no es armarnos hasta los dientes y creer que con eso se soluciona el problema. Es una idea populista, de esas que ofrecen respuestas supuestamente sencillas a problemáticas complejas. Es evidente que ya empezó la carrera electoral.
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