Siete militares asesinados en una emboscada en Guaviare, 13 policías asesinados en el marco del “Plan pistola” y unos grupos criminales que envían cartas cínicas buscando extorsionar al Gobierno Nacional. Ese es el nefasto, terrorífico y muy lamentable saldo que dejaron las últimas semanas en Colombia, que van de la mano con la ofensiva del Ejército y la Policía para buscar retomar el control de las zonas donde la criminalidad ha tomado fuerza. A la Casa de Nariño, a pesar de su generosidad e interés por la paz, se le están acabando las cartas para jugar cuando la respuesta es la violencia irracional. El dolor de las familias, el terror de los uniformados y la desolación de las comunidades reafirman que la única estrategia viable es imponer la fuerza del Estado y obtener concesiones de los grupos al margen de la ley.
Ayer el país despertó en medio de la tragedia. En zona rural de Guaviare, 34 soldados del Batallón de Infantería N° 19 Joaquín París fueron atacados por una disidencia de las FARC que lidera alias “Calarcá”, con la cual el Gobierno adelanta diálogos, pero está en un momento de tensión. El resultado son siete militares asesinados: el sargento viceprimero Darwin Pérez Sánchez y los soldados Jairo Arteaga Estrada, Ánderson Steven Bohórquez Ospina, Juan David González Fernández, Carlos Andrés Pushaina Pushaina, Moisés David Cuadros Ruiz y Juan Carlos Bolaño Romo. También fueron secuestrados cinco uniformados, y circuló un video en el que se ve a los militares sobrevivientes atendiendo sus heridas y en un claro estado de aturdimiento. El horror que tantas veces hemos visto en Colombia.
El presidente de la República, Gustavo Petro, pidió una comisión independiente para “examinar de inmediato las circunstancias del ataque al Ejército en Guaviare, examinado desde los contenidos de la decisión de disminuir el cese al fuego, que se tomó con los frentes bajo órdenes de ‘Calarcá’”. Esa disidencia también envió una carta este lunes, aunque antes de conocerse el ataque, en la que lanzó una advertencia que ahora se entiende como una cruel amenaza. “Si insiste con la política de ultimátum, la situación que nos depara sería de guerra civil permanente. Usted no la quiere, presidente Petro, nosotros tampoco; sus enemigos y los del pueblo, en cambio, están buscando sin cesar esa hecatombe”. A pesar de que ellos dicen no quererla, el asesinato de los uniformados muestra la hipocresía de los grupos criminales.
La situación no es aislada. En “El Tiempo”, el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, escribió que el crimen organizado les puso precio a los policías y lanzó una descripción acertada: “Siempre atacan por la espalda, a traición, porque solo son asesinos a sueldo, como también lo son los autores intelectuales de estos crímenes, cabecillas del mal que se lucran del narcotráfico, el homicidio, la extorsión, el secuestro, la trata de personas, el contrabando y demás manifestaciones del delito”. Esas son las temibles circunstancias que está viviendo la Fuerza Pública.
Paradójicamente, esto demuestra que la avanzada de la Fuerza Pública está funcionando. Los grupos criminales responden con terror buscando que el Gobierno desfallezca, pero esa no es la manera de llegar a un acuerdo. Deben comprender que un proceso de paz sí es una negociación, pero nunca una sumisión del Estado a sus deseos. El presidente Petro tiene razón cuando dice que este dolor, “que es un dolor nacional, debe cesar”. ¿Lo entenderán los criminales?
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