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Hoy el Congreso de la República inicia la discusión de la consulta popular convocada por el presidente Gustavo Petro, y si se cumplen las premoniciones es probable que pronto tengamos una decisión. Mucho se ha discutido en este espacio, en columnas de El Espectador y en el debate público general sobre los méritos de la convocatoria y de cada una de las preguntas, pero hoy invitamos a los congresistas a tomar una pizca de distancia del fuego retórico en el que está sumida la política en el país. Lo que está en juego es la legitimidad de la Rama Legislativa como un espacio autónomo y que representa a sus electores. Más allá de cuál sea la decisión final, sobre si admitir o no la convocatoria, lo que nos parece claro e innegociable es que el proceso que arranca hoy debe ser transparente, integral y lleno de argumentos que le demuestren a Colombia que hay altura y disposición a considerar todas las propuestas. Sería un error que la decisión sea apresurada y se pueda leer apenas en clave política.
No somos ingenuos: por supuesto que el Congreso hace política. Así como el presidente de la República ha logrado aumentar su favorabilidad desde que se montó en la idea de la consulta popular, los congresistas están con su mente puesta en la precampaña para las elecciones legislativas y presidenciales del año entrante. No pretendemos, entonces, que una decisión tan monumental esté carente de consideraciones propias de los intereses de cada sector representado en el Congreso. Sin embargo, sí sería un error que veamos a unos congresistas afanados por aprobar o sepultar la consulta, con discursos rimbombantes que no vayan al fondo del asunto, y por seguir fomentando la idea de que en nuestro país no se pueden entablar debates que le aporten al país.
Le ayudaría al Congreso recordar su historia reciente. A esta consulta popular llegamos después del apresurado hundimiento de la reforma laboral sin mayor debate en una comisión con pocos congresistas. A partir de ahí las acusaciones no han dejado de fluir. Por supuesto, el presidente Petro, en su irresponsabilidad, ha tildado de “esclavista” a todo el que no esté de acuerdo con sus ideas e incluso dijo que varios congresistas opositores tenían “sangre en sus manos” por atreverse a negar la laboral. Ese tipo de retórica no va a cambiar y, por supuesto, que hace mella sobre la legitimidad del Congreso. El problema es que la oposición ha caído en su propio radicalismo, como llamar “dictadura” a lo que no es más que una convocatoria popular. Ha sido fácil leer en la postura de algunos miembros del Senado, incluyendo a su presidente, el oportunismo político de torpedear cualquier proyecto que provenga de un presidente impopular.
Entonces, hoy el día comienza con todos los involucrados heridos, a veces rabiosos, y con la población colombiana angustiada ante tal polarización. En el trasfondo está la institucionalidad, esa promesa de que, a pesar de nuestras diferencias, el Congreso deliberante es un espacio idóneo para encontrarnos, para dar conversaciones que nutran al país entero, para tomar decisiones sustentadas en argumentos sólidos. No pedimos que los congresistas asuman una u otra postura, pedimos que respeten su mandato constitucional y que se aproximen a las deliberaciones de manera responsable. En últimas, que le muestren a Colombia que las instituciones sí funcionan, así no estemos todos de acuerdo con sus decisiones. Es en momentos como estos que la democracia sale fortalecida... O más debilitada.
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