Hoy Chocó se despertó bajo un nuevo paro armado decretado por el ELN, pero el horror viene de antes. Las autoridades del departamento han buscado la intervención del Gobierno Nacional e incluso de la Organización de Estados Americanos (OEA) ante la imposibilidad de hacer algo distinto a pasársela atendiendo la crisis humanitaria por la violencia desatada en la región. El año pasado tuvimos ocho paros armados, y en este la situación no parece mejorar. Si se le suman las alertas sobre el resto del país que ha elevado la Defensoría del Pueblo, la Casa de Nariño está en mora de comprender que la violencia se salió de control y que las medidas en su contra no están ni cerca de ser suficientes.
El presidente de la República, Gustavo Petro, necesita escuchar el clamor de las autoridades civiles en Chocó. Sus discursos son cada vez más desesperados. Estamos viendo una abundancia de crónicas de tragedias anunciadas. Ante la OEA, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba fue contundente: “Hoy tenemos una dimensión de crisis que no tiene ningún tipo de referencia anterior”, dijo, y agregó: “Mi plan de gobierno se ve en jaque porque debo dedicarme, volcarme, a la atención humanitaria, que es mandar alimentos, tratar de mandar medicinas y no seguir un Plan de Desarrollo que, entre otras cosas, si no hacemos una transición legítima de las economías ilegales, que son la razón de ser de estos grupos en Chocó, no vamos a terminar”. Tiene toda la razón.
Ayer, el secretario del Interior del departamento se expandió en ese diagnóstico. Además de las 3.500 personas desplazadas y 2.000 familias confinadas en el marco del anuncio de este nuevo paro armado, reiteró el dato de que el 80 % del territorio del departamento está minado. Entonces no “solamente tenemos la pérdida de capacidad económica y productiva para nuestra gente, sino que también tenemos una situación de inseguridad alimentaria, pues la gente no tiene con qué comer porque no tiene cómo producir, cómo pescar, cómo sembrar ni cómo recoger sus cultivos”. Solo el año pasado tuvieron que atender a más de 200.000 personas por los enfrentamientos de los grupos armados.
En Chocó se preguntan por qué el actuar rápido en Catatumbo y tan incapaz en su departamento, pero la realidad es que el Gobierno parece estar superado por la situación. Ante el anuncio del paro armado se reforzó el pie de fuerza, y el general William Caicedo, comandante de la Brigada XV del Ejército, dijo en Blu Radio que “el mal renombrado paro armado no es más que el constreñimiento a la población” y que el ELN está “amedrentando”. Es cierto, pero el problema es que lo está logrando y que tenemos regiones enteras del país donde el Estado ha fallado y las autoridades civiles no tienen cómo ejecutar sus planes de gobierno.
La Defensoría del Pueblo se unió al coro de preocupados. La entidad identificó 11 focos de emergencia humanitaria por los enfrentamientos. Para la defensora, Iris Marín, “este panorama, tristemente, es el reflejo de la expansión y el fortalecimiento de los grupos armados ilegales en los últimos cinco años”.
El problema, entonces, está sobrediagnosticado, y no es la primera vez que le pedimos acción al Gobierno. Sin embargo, es necesario insistir, porque la situación sigue en franco deterioro. Hay personas sufriendo, aterrorizadas, mientras la Casa de Nariño no parece tener respuestas.
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