La audiencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos sobre la inminente prohibición de TikTok en ese país mostró muchas de las tensiones que el resto del mundo ha tenido que manejar en torno a la influencia de las multinacionales tecnológicas. Invocando la seguridad nacional, el Congreso expidió una ley, apoyada por el presidente saliente, Joe Biden, que le exige a TikTok ser vendida o simplemente dejar de funcionar en territorio estadounidense. Sin embargo, como mostraron las preguntas de los jueces, hay mucho más en juego en torno a la libertad de expresión, a cómo se entiende el contenido que se filtra a través de algoritmos y en los riesgos de manipulación de las personas que utilizan las redes sociales.
El argumento del Departamento de Justicia de Biden, que hace eco a lo que pidió el Congreso, es que TikTok es una amenaza para la seguridad nacional por dos razones principales. La primera es que los datos de los usuarios pertenecen a una empresa altamente influenciada por el Partido Comunista Chino y eso es una vulnerabilidad. En eso tienen razón. Ya hubo un caso en el que empleados de TikTok utilizaron la información de una periodista para identificar cuáles eran sus fuentes después de haber publicado un artículo que mostraba las malas prácticas de la empresa.
La segunda razón es el control sobre el algoritmo. TikTok censura o limita el acceso a contenido que critique al Partido Comunista Chino, que haga referencia a su historia sangrienta como lo ocurrido en la plaza de Tiananmén en 1989. Eso también es cierto. La aplicación es conocida por sus agresivos métodos de clasificación y moderación de contenido. Nadie por fuera de la empresa sabe por qué ciertas cosas se difunden y otras no, más allá de unos opacos términos de servicio.
Sin embargo, aquí es donde la conversación se vuelve interesante. La jueza Elena Kagan hizo una pregunta que llegó a la esencia del debate: “Puedes tomar cualquiera de estos sistemas, sea X (antes Twitter) o cualquiera de las otras redes. Todas son cajas negras. Ninguno de estos algoritmos es transparente”. En el subtexto, lo que la magistrada estaba diciendo es que las redes sociales de empresas estadounidenses hacen exactamente lo mismo que TikTok y no rinden cuentas al respecto. Hace apenas unos días discutimos el giro de Mark Zuckerberg, de Meta, hacia el trumpismo, y su confesión de haber filtrado el contenido político en Instagram y Facebook porque la gente “estaba estresada”.
Esa es la misma discusión que el resto de países hemos dado a propósito de la nociva influencia de Meta, o los opacos algoritmos de la búsqueda de Google y YouTube. Si el debate público ahora ocurre a través de estas plataformas, que sus algoritmos se comporten como lo hacen es un riesgo para la democracia, las libertades y los derechos humanos. El cambio reciente anunciado por Zuckerberg ya ha aumentado el matoneo digital contra grupos minoritarios y vulnerables. Entonces, la magistrada Kagan muestra la hipocresía del Gobierno de Estados Unidos: si son redes hechas en su país, pueden hacer lo que consideren; si son propiedad de un tercer país, representan un riesgo y merecen prohibirse.
No es claro qué decisión tomará la Corte Suprema, aunque expertos han dicho que se mantendrá la prohibición. Sufre la libertad de expresión, lo que lleva a un debate global más amplio: ¿hay maneras de regular adecuadamente las redes sociales?
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