Bienvenido, señor presidente, Gustavo Petro, a la campaña electoral que ha decidido adelantar, pero recuerde que no todo se vale para intentar mostrar resultados de su gobierno. El nuevo ímpetu que ha mostrado la Casa de Nariño anuncia un cambio que se veía venir: frustrado por el estancamiento de sus reformas en el Congreso, el Gobierno encuentra en el llamado a la consulta popular la oportunidad para retornar a las calles y a los discursos altisonantes. Eso está bien, siempre y cuando se mantenga dentro del arreglo constitucional.
Sin embargo, vemos con alarma cómo el contenido de las declaraciones del primer mandatario ha puesto a un lado su rol como presidente y están siguiendo el mismo camino que han tomado otros líderes, como Donald Trump en los Estados Unidos y Javier Milei en la Argentina. Tildar de “nazi” a todo el que se le oponga y desafiar el equilibrio de poderes con sus sugerencias de corte autoritario no es el actuar de un presidente que respete la democracia. Que el hervor de la campaña, presidente, no eche por la borda su largo historial de respeto a las instituciones.
No se trata ya solamente de un cambio de estilo en las formas. El contenido es lo que más preocupa. Esta semana, hasta la Fiscalía General tuvo que salir a corregir al presidente Petro. Eso ya son palabras mayores que deberían, cuando menos, llevar a reflexiones en la Casa de Nariño. No lo hizo cualquier fiscal, sino Luz Adriana Camargo, nominada por el mandatario. En medio del enfrentamiento del presidente con los gestores farmacéuticos, después de acusarlos de “traficar todos los días”, el presidente fue demasiado lejos: “Yo le pedí al superintendente de Salud que allí donde se detecten bodegas llenas de medicamentos que no se entregan a la población, buscando que la población se vaya contra el Gobierno, se allanen. El Ejército y la Policía tienen que estar disponibles; y me van a decir dictador pero no, es la ley”. No, presidente, la ley no le da esa atribución; y no es que le vayan a decir dictador, sino que sí se asemeja su instrucción a la de un dictador. Los presidentes democráticos no pueden disponer de las fuerzas armadas y de policía para allanar a su antojo, por muy altruistas que suenen las motivaciones.
Lo tuvo que decir la fiscal Camargo. “Es muy importante tener claro cuáles son las competencias de cada uno de nosotros”, dijo en referencia directa al presidente, para concluir que “en los casos donde las investigaciones requieren allanamientos, estos deben contar con la autorización de los fiscales y, además, con la aprobación de los jueces”. Esa, señor presidente, es la ley de la República. Preocupa que haya sido necesario el “recorderis”.
Tenemos que ser claros: el presidente puede respaldar y promover su agenda política, así como tiene derecho a denunciar cuando crea que están ocurriendo atropellos contra la población. Lo que no puede en el proceso es llevarse por encima las leyes, así sea en el discurso, ni dejar la sensación de que el Ejecutivo es todopoderoso. Otra práctica que ha normalizado es la de estigmatizar a sus opositores. También esta semana, en un plazo de 24 horas, utilizó en diez ocasiones el término “nazi” para referirse a medios de comunicación, jueces y otros políticos. Que eso lo haga un bodeguero es esperable; pero que se utilice el atril de la Presidencia de la República para llenar el debate de irresponsabilidad es condenable.
Presidente, haga campaña como desee; así es como ha decidido pasar su último año y medio en la Casa de Nariño. Pero recuerde que sigue siendo el presidente de todos y el guardián de la democracia. Que no se le pierdan los principios en el fuego retórico.
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