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El presidente de la República, Gustavo Petro, dice ser un defensor de las normas de la democracia. Sin embargo, cuando él, sus ministros o las entidades de su gobierno las incumplen, parece importarle mucho menos. Su descarada participación en política llegó a otros niveles esta semana, cuando se ha sentido tranquilo despotricando sobre candidatos a la presidencia y exagerando denuncias de un supuesto fraude electoral orquestado. No es el único, por supuesto, pues el ejemplo del líder lo siguen sus alfiles más fieles, mandando al traste las garantías electorales. Mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación no hace lo suficiente para hacer cumplir la Constitución.
A la hora de escribir estas líneas, el presidente Petro había publicado mensajes negativos sobre Paloma Valencia y sobre su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, dentro de la clara y abierta propaganda que le hace a su partido político. Eso, Presidente, está prohibido. Usted lo sabe, porque en el pasado ha reconocido que no puede participar en política y porque cuando era oposición denunció, con justificación, cuando otros mandatarios violaron esa norma.
De manera consciente, el presidente ha decidido participar en las elecciones para afectar a la oposición e impulsar la campaña presidencial del Pacto Histórico. Eso es una traición a las promesas que hizo el mandatario al ocupar el cargo. Los presidentes y los servidores públicos no pueden participar en política, no pueden privilegiar a un partido político y no pueden estigmatizar a la contraparte.
La excusa de la que echa mano el presidente Petro es que la norma limita su libertad de expresión. Y sí, la limita, pero eso lo sabía desde antes de llegar a la Casa de Nariño. La lógica detrás de esa prohibición —que por supuesto se podría modificar, siguiendo el proceso requerido— es prevenir que el balance del proceso democrático sucumba ante el enorme poder del gobierno de turno.
No solo el presidente ha violado la ley. El ministro del Interior, Armando Benedetti, se ha creído muy gracioso al publicar videos bailando y celebrando la “quemada” de sus opositores políticos. ¡El ministro de la política y garante de la neutralidad electoral tomando partido de frente! Y, mientras tanto, siguen desde el Pacto Histórico promoviendo el discurso irresponsable sobre un supuesto fraude electoral porque en el escrutinio se han encontrado inconsistencias en algunas mesas. Primero, las irregularidades no son significativas; pero segundo, se han detectado dentro del proceso natural del escrutinio, que siempre tendrá diferencias con el preconteo informativo.
Lo que sí no hace parte del proceso es poner al Estado al servicio de un único proyecto político. Más grave aún que las declaraciones partidistas ha sido que los dineros públicos, es decir, los impuestos de los colombianos, se estén utilizando para esa campaña de continuidad. No lo decimos nosotros. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea que vino a supervisar las elecciones dio un veredicto preocupante: “la televisión y la radio estatales, que tienen una mayor obligación de neutralidad y equilibrio en su cobertura de la campaña, cubrieron principalmente las actividades del presidente y los ministros del Gobierno. También favorecieron al Pacto Histórico y a la consulta Frente por la Vida”.
Mientras esta campaña sigue su curso, la Procuraduría General reacciona con timidez, por muy buenas intenciones que tenga su campaña promocional en defensa del proceso electoral. Pedir información a los involucrados por “el posible uso de medios públicos para proselitismo político”, como lo hizo el viernes, es un buen primer paso, pero a todas luces insuficiente. Las actuaciones del presidente Petro exigen una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, como mínimo. Las elecciones tienen todavía mucho tiempo por delante y se necesita sentar un precedente que aplique a todos los líderes políticos: las normas se respetan sin importar la ideología.
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