Jorge Iván Cuervo ya no es ministro de Justicia porque se atrevió a decir lo que es evidente para cualquier observador imparcial de los últimos años de administración de Gustavo Petro. En un acto que demuestra su peor versión como líder, el mandatario le pidió la renuncia faltando un mes para el final del gobierno. El mensaje, hasta los últimos días, es que quien se atreva a criticar, así sea constructivamente, lo que piensa el presidente, no tiene cabida en el gabinete. Una postal más, aunque probablemente no la última, de un gobierno que nunca se cansó de dispararse en el pie.
El motivo de las diferencias entre el presidente Petro y el exministro Cuervo es la paz total. En un comentario desprevenido a medios, quizás el mandatario sintió que Cuervo pecó por sincero. “Yo sí considero que fue muy problemático que, si bien había la Ley de Paz Total, la falta de un marco jurídico afectó las negociaciones”, dijo el ya exministro. Más adelante agregó otra crítica: “Yo creo que no fue correcto darles estatus de negociación política” a los grupos disidentes de las FARC. En el contexto, el exministro estaba intentando formular aprendizajes de los procesos de negociación. El mandatario lo leyó como una traición a su proyecto político y pidió su renuncia inmediata.
En ese gesto está el corazón del problema del gobierno Petro en términos de seguridad. El presidente, que vive reivindicando la idea de escuchar al “pueblo”, no quiso nunca escuchar al pueblo en este tema. Una y otra vez, organizaciones de la sociedad civil y pobladores de las regiones más afectadas por la guerra lanzaron comentarios de preocupación por la manera como se estaban llevando a cabo los acercamientos con los grupos armados. Los negociadores de paz del gobierno de Juan Manuel Santos ofrecieron su ayuda y acompañamiento; los miembros del partido Comunes hicieron lo mismo. Todo eso cayó en oídos sordos. El equipo del presidente Petro creía saber cómo llevar a cabo negociaciones complejas con todos los grupos al margen de la ley para alcanzar la añorada paz total. El fracaso fue rotundo.
El exministro Cuervo tiene razón. La falta de un marco jurídico dinamitó la legitimidad de los diálogos desde el principio. Reconocer el estatus político a las disidencias envió varios pésimos mensajes. Por un lado, dejó el precedente de que incumplir un acuerdo de paz no tiene consecuencias. Por el otro, obligó a poblaciones sometidas por los grupos criminales a ver cómo el Gobierno les otorgaba beneficios con una generosidad inusitada. Mientras el primer comisionado de Paz, Danilo Rueda, hablaba de jugar a los “congelados” con el Clan del Golfo, todos los grupos criminales aprovechaban para fortalecerse. Según datos de la Fundación Ideas para la Paz, los grupos armados ilegales cerraron el 2025 con más de 27.000 integrantes. Datos del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) y el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (Cede) de la Universidad de los Andes muestran que las formas de violencia menos visibles se dispararon: la extorsión aumentó un 337 %, las amenazas a las comunidades crecieron un 70 % y el reclutamiento forzado de menores de edad aumentó un 168 %.
No hubo paz total. Tampoco hubo paz. Y cualquier intento de negociación a futuro empieza con el lastre de estos cuatro años de gobierno. Por eso es fundamental un análisis desapasionado y sincero sobre lo que falló y lo que podemos aprender. El exministro Cuervo fue castigado por su honestidad intelectual. En medio de la banalidad del presidente Petro, Colombia queda con una situación de orden público precarizada.
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