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El Hogar Infantil Canadá, sede F, en la localidad de San Cristóbal, Bogotá, parece haber sido el espacio para una serie de crímenes atroces contra niños y niñas. Son por lo menos 12 las denuncias de abuso sexual que terminaron en la imputación de delitos de acto sexual abusivo y acceso carnal abusivo con menor de 14 años contra Freddy Castellanos. La valentía de las familias de las víctimas y la indignación logró que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las autoridades prestaran atención a lo que venía ocurriendo, luego de que varias niñas prendieran las alarmas. Sin embargo, ¿cómo es posible que el daño se haya consolidado? ¿Por qué la indolencia de las personas a cargo del jardín infantil ante las fuertes denuncias? ¿Qué otras modificaciones a nuestro sistema de cuidado de menores pueden implementarse para evitar que situaciones así se repitan?
Una de las madres de las víctimas le contó a El Tiempo que el pasado 28 de abril se enteró de lo que ocurría. “Mi niña rompió su silencio y me dijo que su profesor, haciéndose el que jugaba, le daba besos en la boca y que eso era muy incómodo para ella”, explicó. También describió otros actos que constituyen un abuso. Para su sorpresa, cuando fue a presentarse en el jardín infantil para recibir respuestas y confrontar al presunto abusador, la que recibió hostilidad fue ella.
Fue necesario que las madres de las víctimas armaran un plantón frente al jardín para ser escuchadas. Sus preguntas muestran cómo se chocaron contra la inacción de las directivas: ”Nos decían que no tenían permiso de entrar al baño con nuestros hijos porque ellos debían aprender solitos. Entonces, ¿por qué veían a ese profesor entrar al baño? ¿Por qué lo normalizaban?“. Hay por lo menos dos menores afectados que están hospitalizados y la Fiscalía logró la captura de la persona bajo sospecha. El ICBF también anunció el cierre temporal del jardín y que brindará apoyo psicosocial y jurídico a todas las afectadas.
A pesar de esto último, escuchar a la directora del ICBF, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, lleva a preguntarnos qué podemos hacer para evitar este tipo de situaciones. Al parecer, no hubo alarmas que se prendieron y los sistemas que existen tampoco sirvieron. El agresor no era un funcionario de la entidad y el jardín era operado por una asociación contratista del ICBF. La directora Cáceres apunta a la importancia de creerles a las familias y a los menores cuando hagan denuncias, pero esto muestra la dificultad de proteger a todas las personas en espacios de vulnerabilidad.
Dentro del horror se pueden resaltar las partes del sistema que sí respondieron con agilidad. Primero, los profesionales de la salud que atendieron a las víctimas fueron certeras en sus asesorías y en activar los protocolos para empoderar a las familias. Segundo, cuando el caso llegó a conocimiento del ICBF y de la Fiscalía, ambos tomaron medidas con velocidad, lo que terminó en la captura del presunto agresor y su judicialización, así como el acompañamiento a las víctimas. Es necesario, no obstante, que conozcamos las responsabilidades de las directivas del jardín, cómo fue su actuar al recibir las denuncias y por qué no evitaron el daño. En el debate público, antes de caer en el populismo punitivo, es útil mirar la complejidad del reto, pensar en cómo apoyar más a todos los espacios de cuidado a nuestros menores y encontrar maneras para que ninguna niña, niño y adolescente esté desprotegido.
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