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La agresividad del presidente, Gustavo Petro, con la junta directiva del Banco de la República alcanzó niveles que son dañinos para Colombia. Como hemos dicho, es completamente comprensible que la Casa de Nariño no esté de acuerdo con la estrategia mesurada y a menudo conservadora del emisor Lo que es inaceptable y causa problemas para la legitimidad institucional es que cualquier tipo de decisión adversa a los intereses del gobierno de turno se lea en clave de conspiración y participación en política. Si siempre se responde con garrote, paradójicamente, se afecta la capacidad de diálogo entre el Gobierno y el Banco.
El Banco de la República decidió, en votación apretada, mantener inalterada la tasa de interés en un 9,25 %. Su argumento es una mezcla entre una inflación en 4,8 %, todavía por encima de la meta del 3 %, y la realidad de que la política monetaria global, en particular la de Estados Unidos, está mediada por vaivenes peligrosos. Ante eso, se adopta una visión de mediano y largo plazo por encima de, por ejemplo, favorecer reducciones más agresivas en el corto plazo. Cabe agregar que, a pesar de esta visión conservadora, el desempleo en Colombia viene bajando, los indicadores económicos muestran una sana recuperación y el manejo macroeconómico del país ha podido navegarse entre turbulencias. Entonces, la apuesta es por seguir protegiendo nuestra moneda, a pesar de que eso genere fricciones.
El Gobierno, por supuesto, no está de acuerdo. Su argumento es que la tasa de interés tan elevada hace que la economía colombiana no pueda crecer más y afecta el consumo. Es lo mismo que muchos presidentes en el mundo, incluyendo Estados Unidos, han pedido a sus emisores: permiso para calentar y dinamizar el flujo de capitales. Eso, también, es entendible. Y el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, lo expresó con el respeto debido. Cuando terminó la última reunión de la junta, dijo que “el Gobierno nacional quiere manifestar su desacuerdo e incomodidad con la decisión tomada por cuatro miembros de la Junta Directiva del Banco de la República” y que “hemos logrado una reducción significativa de la inflación”. Es decir, hay una desconexión entre dónde ubicar la atención.
El problema es cuando el presidente interviene en el debate. A principios de julio, dijo que “la Junta Directiva del Banco de la República por ideología y prejuicios, odio de clase, está llevando la economía colombiana hacia el vampirismo financiero”. Hace unos días respondió así a la decisión de la junta: “Es obvio, el Banco de la República quiere acabar la economía colombiana porque apuesta electoralmente con mucha irresponsabilidad”. Es decir, solo porque la junta no está de acuerdo con el Gobierno significa que está interviniendo en política.
Los debates entre instituciones no se pueden construir desde la estigmatización del contrario. Menos aún cuando los resultados de la política del Banco de la República saltan a la vista. Tanto el Gobierno como el emisor pueden sacar pecho de la reducción de la inflación, no es un tema de exclusión, sino de trabajo en equipo respetando la autonomía de ambas. La independencia se hizo para que el Banco pueda pensar más allá de los vientos coyunturales de la política y eso ha hecho. Atacar el corazón de su labor lo único que hace es sembrar más incertidumbre y cerrar la puerta a conversaciones más fructíferas. El presidente, a estas alturas de su mandato, no cambiará de estrategia, pero debería considerarlo. Así sea por simple respeto a la Constitución.
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