Un intercambio de mensajes entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, deja entrever un problema que se verá en todo el país durante estos días de reajuste de precios y gastos en torno al aumento del salario mínimo. Mientras el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, habló en Blu Radio de la necesidad de una medida para “controlar precios”, las administraciones locales están enfrentando la realidad de que, al tener que pagar más por costos laborales, hay decisiones complejas al momento de garantizar la sostenibilidad de los múltiples servicios públicos afectados. Aunque la Casa de Nariño está concentrada en el sistema de transporte de la capital del país, el problema ocurre en todo el territorio nacional, y no hay respuestas convincentes.
El Distrito anunció que la tarifa de Transmilenio y SITP subirá en COP 350, un 10 %, más de lo que se había presupuestado hace unos meses. El motivo es el incremento en la nómina que produce la modificación del salario mínimo. Intuyendo la indignación de los ciudadanos, el presidente Petro respondió culpando a la Alcaldía de la capital. “Disponemos de un billón y medio (de pesos) para la compra de una flota eléctrica para Bogotá, que baja los costos de transporte por pasajero, si Transmilenio quiere”, escribió el presidente Petro en su cuenta de X. Y luego advirtió: “Si la decisión es subir el pasaje que solo hará disminuir más la demanda, entonces no vale la pena, porque subir pasajes solo sube más el déficit financiero... el aumento de salario de los conductores de buses no impacta la tarifa técnica si la nación decidió ayudar financieramente para que se cambie por tecnologías más eficientes los buses”. Problema solucionado, dijeron quienes respaldan al Gobierno.
La realidad es que el problema está lejos de ser resuelto. Las razones son múltiples. Para empezar, no es claro a qué billón y medio de pesos se refiere el presidente Petro. Como explicó el alcalde Galán, lo que hay son COP 938.000 millones en vigencias futuras, que no entran al Distrito este año. Mientras tanto, el aumento del mínimo sí sube los costos de operación, y no solo por “los conductores” a los que se refiere el mandatario. Ana María Cadena, secretaria distrital de Hacienda, lo puso en los siguientes términos: “En Transmiilenio trabajan de manera formal y con todas las prestaciones de ley más de 35.000 personas, cuyo ingreso se afecta con el incremento del salario mínimo. Compensar los mayores costos habría requerido subir aún más el costo del pasaje”. El Distrito le dijo a la Casa de Nariño que, si va a girar este año los más de COP 500.000 millones adicionales que insinuó la publicación del presidente, se puede evitar el aumento. Sin embargo, queremos concentrarnos en todos los otros sistemas de transporte del país que no van a recibir una ayuda similar.
El pensamiento mágico es creer que la realidad se puede saltar, por ejemplo, a punta de buenos deseos. El gobierno Petro está cayendo en la trampa de ese tipo de lógica con su aumento del salario mínimo. Espera que los costos y los precios no suban, mientras que los trabajadores sí reciben más dinero. Lo que no tiene sentido. ¿De dónde sale la plata para cubrir la diferencia? Tanto en el sector público como en el privado esa es la pregunta que los distintos administradores están enfrentado. La respuesta de aumento en la demanda que promete la Casa de Nariño no es inmediata y tampoco parece ser suficiente. No solo es transporte y no solo es Transmilenio: veremos versiones de esta misma conversación en todos los ámbitos del gasto nacional.
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