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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público radicó el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2026 (PGN) ante el Congreso de la República. Tal como lo tituló el portal de prensa de la Presidencia de la República, el monto de $557 billones es consistente con la cláusula de escape de la regla fiscal. Eso significa, vale la pena que esto sea claro, que el Gobierno, por decisión del Consejo Superior de Política Fiscal, abandonó la regla fiscal semanas antes para poder presentar este proyecto de PGN, mayor en $34 billones que el del año 2025.
La suma propuesta preocupa. Los recortes que numerosos expertos sugirieron al presupuesto de 2025 no se han concretado en el proyecto presentado. Además, $26,3 billones del gasto previsto en el PGN de 2026 no cuentan en este momento con ingresos de respaldo. El Gobierno dice que presentará un nuevo paquete de impuestos. No obstante, es muy poco probable, técnica y políticamente, que el Congreso de la República apruebe impuestos equivalentes a cerca de dos reformas tributarias de 2022. De hecho, ni siquiera la primera reforma tributaria del gobierno Petro pretendió alcanzar ese recaudo cuando fue radicada un día después de la posesión presidencial. Y en el terreno político, es bien sabido que, además de que las relaciones Gobierno-Congreso no pasan por buen momento, el último año de la legislatura siempre es el más difícil para lograr la aprobación de iniciativas del Ejecutivo.
Es cierto que el gobierno Petro recibió una mala herencia fiscal; sin embargo, parece estar dejando una peor, como bien lo explicó en estas páginas Gonzalo Hernández. Mientras el déficit fiscal fue 4,3 % del PIB en 2023, el Marco Fiscal de Mediano Plazo prevé 7,1 % para 2025. La deuda, en el mismo período, pasaría del 53,4 % del PIB —en línea con los parámetros de la regla fiscal— al 61,3 %, y en 2026 llegaría al 63 % del PIB, cifras incluso mayores que en los años de pandemia. El endeudamiento, con costos de financiamiento más altos, hace más fuertes las inflexibilidades del gasto y quita espacio en el futuro para un mayor presupuesto de inversión dirigido a los más pobres y vulnerables a través de programas y subsidios bien focalizados.
Hay, infortunadamente, por todas estas razones, un serio deterioro de la credibilidad en el manejo de las finanzas públicas, que podría empeorar la calificación crediticia de Colombia y acelerar la pérdida de la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional (IMF). Por eso, en vista de que no ha sido clara la intención del Gobierno en los últimos dos años de atender la situación fiscal con responsabilidad, esperamos que desde el primer debate en el Congreso de la República se analicen con rigurosidad los insumos de los expertos, académicos y del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) para alcanzar un consenso en el que se hagan las reducciones necesarias a la propuesta que hace el Gobierno.
Si el Congreso de la República no define una cifra menor, el Gobierno nuevamente expedirá el PGN por decreto, como ocurrió el año pasado, continuando por un camino muy diferente al de un manejo sensato de las finanzas públicas. El ajuste necesario no puede seguirse postergando con la idea de que son los próximos gobiernos los que deben enfrentarlo. La política fiscal es un asunto de Estado. Si este Gobierno se ha quejado tres años de la herencia que recibió del gobierno anterior, ¿dónde está la coherencia de repetir y profundizar ahora la dosis para el siguiente?
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