La Casa de Nariño creó una crisis institucional, que tiene discutiendo a los juristas más respetados de Colombia, y pretende que el resto de los servidores públicos le corran a su cuestionable interpretación de las normas. El registrador general de la Nación, Hernán Penagos, tomó una decisión prudente al pedirle ayuda a la rama Judicial para poder determinar si el “decretazo” de la consulta popular debe materializarse en una convocatoria a elecciones, pero la respuesta de Presidencia se ha movido entre el insulto y la estigmatización. Con un añadido: una victimización que no le queda nada bien a un gobierno que está buscando imponer una jugadita jurídica que tiene al país en máxima tensión.
El primero en atacar fue el ministro del Interior, Armando Benedetti. Siempre presto a descalificar a cualquier persona que se oponga a sus designios, dijo que el registrador Penagos “es un operador logístico y no tiene por qué estar haciendo una excepción constitucional de una excepción constitucional que hizo el Gobierno”. Si suena a trabalenguas es porque la tesis que ha defendido el Gobierno, que ha mutado con el tiempo, es un acto de creatividad que ha dejado perplejos a observadores expertos. Lo dijo Rodrigo Uprimny en entrevista con El Espectador: “Yo no creo que sea una tesis polémica: es una tesis equivocada. Como dijo el gran teórico Herbert Hart, en derecho hay casos fáciles en los que todos los juristas competentes coinciden, y hay casos difíciles en que existen discrepancias razonables. Este es un caso fácil: el ‘decretazo’ [sobre la consulta], como lo ha llamado el propio Montealegre, es groseramente inconstitucional”.
En ese marco, que el ministro Benedetti llame a Penagos un simple “operador logístico”, además de irrespetar la autonomía y la legitimidad de la Registraduría como guardián de nuestras elecciones, también desconoce algo que no han querido aceptar en la Casa de Nariño: es muy difícil ver lo que ha ocurrido y sentirse tranquilos con la estrategia del Gobierno. Penagos, después de consultar a múltiples juristas, tomó una decisión difícil pero prudente. En síntesis, pidió concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, e invitó “a los jueces, magistrados y las cortes para que decidan si hay lugar a continuar o no con el trámite de la consulta popular”. Es decir, el registrador no está haciendo nada distinto de lo que el Gobierno ha dicho desde el principio: pedir que la rama Judicial dirima este nudo en el que nos encontramos.
Sin embargo, esa actitud fue recibida con hostilidad en Presidencia. Durante un consejo de ministros el martes, el presidente dijo que el decreto “goza de presunción de legalidad y es obligatoria su aplicación, lo demás es sedición y solicito a toda la corriente de abogados democráticos iniciar acciones pertinentes, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico”. No satisfecho con acusar al registrador de cometer un delito, ubicó al Gobierno en una extraña posición de víctima. Dijo que “hay funcionarios que no comulgan con las órdenes del voto popular del año 2022 y que no son siquiera de elección popular” que buscan “vaciar de poder la Presidencia e ilegitimarla con falsedades para generar un golpe institucional”. Todo porque, debemos repetirnos, el registrador vio un debate jurídico por resolver y pidió que los tribunales lo ayuden a actuar de manera correcta.
Esa no es la forma de convocar a los colombianos a las urnas. Ante la confusión que ha producido esta situación, lo responsable con las instituciones, con nuestras normas y, sí, también con la democracia, es actuar con prudencia. Y que las cortes respondan con urgencia las dudas que hay en el aire.
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