La irresponsabilidad del presidente de la República y del Pacto Histórico con el proceso electoral colombiano ya sembró dudas sobre un supuesto fraude en Colombia. Envenenaron el pozo, no solo contra la Registraduría y la Procuraduría, sino contra las organizaciones independientes, nacionales e internacionales, que han garantizado desde hace años la transparencia de los conteos de votos en el país. Como es habitual, el mandatario busca la fiebre en las sábanas: decidió atacar el eslabón más fuerte de la cadena, cuando el fraude en el país ocurre antes de llegar a las urnas, ya sea por compra de votos, contratación estatal u hostigamiento agravado por la inseguridad que su gobierno no ha sido capaz de contrarrestar, como decíamos ayer en este espacio.
Es curioso: en los argumentos que ofrece el presidente Gustavo Petro parece hacerse eco del expresidente Andrés Pastrana, quien hace cuatro años, de forma también irresponsable, dijo que hubo fraude electoral en el conteo de votos de las elecciones al Congreso. Aquel escándalo terminó en el expresidente aceptando ante los tribunales que no tenía pruebas para sus afirmaciones. El Pacto Histórico, que también afirmó una y otra vez que hubo fraude en su contra, vio que el proceso estaba diseñado para corregir cualquier error y que sus curules fueron garantizadas por jueces de la República. Tanto escándalo terminó en nada en términos jurídicos, pero hizo mucho daño en el imaginario de las personas.
Ahora el presidente y su partido llevan semanas diciendo que se está cocinando un fraude electoral. De nada ha servido la intervención de los observadores internacionales, que con evidencia en las manos han insistido en que las diferencias entre el preconteo y el conteo de votos nunca han sido significativas. Aunque no le guste aceptarlo al mandatario, nuestro país tiene un sistema de votaciones ejemplar, con múltiples revisiones y blindado de las manipulaciones que con tanto facilismo se denuncian en redes sociales. Esto no es Venezuela, donde el presidente Petro se limitó a pedir muestra de las actas de votación. En Colombia todo el proceso tiene trazabilidad, acceso de testigos de todos los partidos, acompañamiento internacional de distintas fuentes y hasta herramientas para entrar a revisar en el caso de que existan dudas.
En alocución a la nación, el presidente Petro aseguró que “la etapa de preconteo que verán ustedes el domingo, en primer lugar, no es legal en Colombia. El preconteo es una actividad que hace la empresa privada y se presenta en televisión como datos oficiales”. La imprecisión en esa afirmación es tal, que debería ruborizar a la Casa de Nariño. No, el preconteo no es ilegal. Tampoco es la votación final: por eso se llama preconteo. Y no lo hace la “empresa privada”, sino que es la tarea de todos los jurados de votación, colombianos como usted que esto lee, sobre quienes recae esa responsabilidad. Es un proceso supremamente vigilado, del cual se dejan copias, y tiene mucha importancia para el país: gracias a él podemos conocer los resultados preliminares de manera rápida. Históricamente, el resultado de los preconteos no ha estado lejos de la parte final que certifica el proceso, el cual se surte con jueces de la República. Entonces, ¿cuál es el escándalo?
Donald Trump dijo, sin pruebas, que hubo fraude en Estados Unidos para romper la legitimidad de las elecciones en su país. Lo hizo cuestionando algoritmos y presionando para que su visión se impusiera sobre los demás. Hablar de fraude es útil para quien desea desestabilizar la institucionalidad. La ligereza del mandatario y de los miembros de su partido le hacen mucho daño al país que representan. Un poco de sentido común, aunque no es populista, ayudaría a blindar la democracia.
