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Sin mucho bombo ni atención en los territorios, el Gobierno nacional está tomando una serie de decisiones que alteran estructuralmente la manera en que funciona la democracia en torno al uso de los suelos. Amparado en una loable tarea (la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación), la administración de Gustavo Petro está asumiendo funciones de las entidades territoriales y alterando el principio básico de que los más indicados para definir cuáles son sus necesidades particulares son los municipios. Aunque se trata de un debate complejo, es fundamental que las discusiones se hagan de manera más transparente, informando a las comunidades, empoderando a los alcaldes y gobernadores, y abriendo la posibilidad de que haya una colaboración más armónica entre las regiones y Bogotá.
Por limitaciones de espacio, tenemos que simplificar un entramado normativo muy complejo que además va acompañado de discusiones muy detalladas sobre quién puede definir qué se hace y qué no con los suelos en Colombia. Sin embargo, para efectos de este llamado de atención, lo importante es comprender que el Gobierno nacional está impulsando dos figuras que pueden ser problemáticas: las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA). Las primeras se sustentan en el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo y las segundas no tienen normatividad clara, lo que las ha dejado en un limbo que genera mucha incertidumbre. El problema es que, al emplearlas, está modificando las potestades de los municipios para definir sus planes de ordenamiento territorial. Se trata, en el fondo, de una conversación sobre la tensión entre autonomía de las entidades territoriales y necesidades nacionales.
El argumento del Gobierno, como dijimos, se sustenta en el propósito importante de garantizar la seguridad alimentaria. Por eso, las APPA y las ZPPA le permiten al Gobierno en Bogotá definir territorios en los que no se puede hacer cosa distinta a las delimitadas por el Gobierno. Si suena a que se trata de de una modificación estructural al equilibrio de poderes entre la nación y las entidades territoriales es porque lo es; críticos han denunciado que se trata de una manera de llevar a cabo una reforma agraria encubierta, sin dar las discusiones necesarias. Entonces, sin haber tramitado leyes con discusiones amplias en el Congreso ni haber dado debates informando a los ciudadanos de cada territorio, el Gobierno dice que puede determinar qué se hace y qué no con los suelos.
En la práctica, eso significa varias cosas. Primero, que los gobiernos locales pierden la potestad de definir sus necesidades particulares. Segundo, que espacios del país donde ya hay determinada actividad económica se transforman de la noche a la mañana en espacios limitados desde Bogotá. Tercero, que como todo este proceso ha sido opaco,las personas no han podido participar de manera activa. Hay tanto desconocimiento que para muchos mandatarios locales ha sido una sorpresa ver la avalancha de decretos que se han expedido. Y no es menor. Según datos recolectados por la fundación Probogotá Región, en La Guajira ya hay ocho municipios afectados, en el suroeste antioqueño hay 23, en la Sabana Centro y Cundinamarca hay 11 y en la cordillera norteoccidental hay ocho. Hay planes de agregar 2 municipios en Santander y 22 municipios en Córdoba, un departamento que tiene 30 municipios.
No se trata de cuestionar la importancia de una planeación más consciente de las necesidades del país, pero sí de preguntar al Gobierno por qué está haciendo este proceso sin mayor discusión, socialización ni claridad con los más afectados. Cambios estructurales como el propuesto no se pueden hacer sin transparencia y deliberación. La democracia y la autonomía territorial también son fines loables.
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