El debate generado por la Ley 2494 de 2025, que prohíbe las encuestas de intención de voto en la contienda presidencial antes de noviembre y que impone nuevos requisitos técnicos y de vigilancia está marcado por posiciones radicales. Desde las empresas encuestadoras se habla de censura y abuso de poder; desde las legislativas que aprobaron la normativa, se observa un conveniente silencio sobre el hecho de que se tomaron decisiones sin involucrar en la discusión a una de las partes más importantes. El resultado en la práctica, sin embargo, sí parece ser lesivo para los colombianos: mientras pululan “sondeos” en redes sociales que buscan influir en la opinión pública, no hay mediciones serias que sirvan de contraste y orientación. La precampaña electoral avanza entonces a ciegas, sin tener muy claro qué es lo que ha ganado el país con las nuevas reglas.
Podemos comprender y aplaudir la intención original del Congreso. Es verdad que las encuestas, incluso las realizadas con las mejores prácticas estadísticas, se pueden prestar para manipulaciones. Desde cómo se plantean las preguntas hasta qué tipo de población se privilegia para construir la muestra, sabemos de los límites que tienen estos instrumentos. En el pasado, las encuestadoras se han equivocado en sus predicciones. También es cierto que la mayoría de los votantes y los propios medios de comunicación no sabemos leer de manera adecuada lo que significa una determinada encuesta de intención de voto. Eso lleva a una situación circular: las encuestas capturan un momento en las preferencias de unos colombianos y, al publicar los resultados, pueden influenciar la toma de decisiones a la hora de votar. Todo eso lleva a que una regulación para garantizar mejores prácticas sea necesaria.
El problema es que todo indica que la normativa aprobada no logra el objetivo. Para empezar, se tramitó sin mayor atención nacional ni debate público, a pesar de tratarse de una decisión que modifica la manera en que se llevan las campañas en el país. El proyecto tuvo más de 30 autores y fue liderado por la inusual alianza de Clara López (Pacto Histórico), Angélica Lozano (Alianza Verde) y Paloma Valencia (Centro Democrático). En ese sentido, tiene razón el ministro del Interior, Armando Benedetti, en pedir que no se culpe al Gobierno por las consecuencias, pues fue producto de la iniciativa legislativa. Es evidente la ausencia de participación de las empresas encuestadoras, pues muchos de sus reclamos pudieron haberse acogido y consensuado para lograr una normativa mucho mejor. En esencia, la Ley prohíbe publicar encuestas presidenciales antes del 31 de octubre; pide que, para las mediciones nacionales, siempre se incluyan los municipios con más de 800.000 habitantes, y crea un mecanismo de vigilancia a cargo del Consejo Nacional Electoral. Eso en la práctica ha tenido tres impactos problemáticos para la democracia.
El primero y probablemente más importante es que las redes sociales se llenaron de sondeos con información dudosa que no se pueden contrastar con encuestas bien hechas. Al romper el mercado legal, se fomenta la desinformación, se les quitan herramientas a los periodistas y se crea aún más incertidumbre en un proceso repleto de precandidatos. En río revuelto terminan favorecidos los políticos que ya están establecidos y los que saben utilizar las bodegas y otras estrategias de manipulación. El segundo es que hacer una encuesta que cumpla con todos los requisitos se vuelve prohibitivamente costoso, lo que va a desencadenar en que las empresas se dediquen a hacer mediciones privadas. Eso en detrimento de los políticos sin grandes recursos para contratarlas y de los votantes en general.
Finalmente, el tercer problema es que la vigilancia queda a cargo de personas nombradas por el Consejo Nacional Electoral. Aunque deben tener credenciales en estadística, la reputación del Consejo está manchada y despierta dudas de que se puedan iniciar procesos contra privados con fines políticos.
Por intentar proteger el proceso electoral, el Congreso lo condenó a la opacidad.
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