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El rechazo rotundo a las amenazas de muerte que recibió Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, es la única posible respuesta que la institucionalidad colombiana y el mundo político pueden tener. Tanto ella como el resto de candidatos que han denunciado vandalizaciones y amenazas necesitan saber que, en nuestra democracia, no hay duda alguna de que serán protegidos. Con el lamentable y frustrante precedente de Miguel Uribe Turbay, este Gobierno debe comprender que tiene una deuda enorme con garantizar la seguridad y el libre ejercicio de unas elecciones que ocurren en el marco de un país polarizado y con violentos envalentonados.
La corona fúnebre en contra de Valencia es, en sí misma, un grave acto de violencia. Contra la candidata y su integridad personal, contra su partido, contra todos y cada uno de sus simpatizantes, pero también contra Colombia entera, porque nos trae los ecos de una violencia que nunca nos ha abandonado. En este país nos tuvimos que acostumbrar a contar muertos, a ver cómo candidatos presidenciales eran silenciados por los criminales, a saber que año tras año los líderes sociales de las zonas más desprotegidas caen víctimas solo por defender la democracia. Colombia experimenta, al mismo tiempo, el estrés postraumático de todo lo que hemos sufrido y también la angustia de que puede volver a pasar. De nuevo, Uribe Turbay, como precandidato, fue asesinado hace menos de un año a pesar de contar con protección del Estado.
Por eso es tan necesario que la respuesta sea el rechazo rotundo. Todos y cada uno de los candidatos a la Presidencia se expresaron en contra de la violencia. Abelardo de la Espriella lleva varias semanas diciendo que hay un plan para asesinarlo. Iván Cepeda también habló de amenazas y mencionó que su sede política en Flandes, Tolima, recibió un ataque. Contra Valencia no solo ocurrió la corona fúnebre, sino que se reportó la vandalización de la sede del Centro Democrático. En el marco de la inseguridad y de grupos criminales fortalecidos, todas y cada una de las amenazas deben ser tenidas en cuenta.
Claro, en plena campaña electoral hay búsqueda de réditos políticos. Valencia dijo que “las garantías de este Gobierno son solo para su candidato, el mismo que se apoya en la criminalidad”, utilizando un lenguaje estigmatizante contra uno de sus contendores. En las denuncias de De la Espriella hay un señalamiento directo, sin pruebas, a la Casa de Nariño, que responde con sus propias declaraciones problemáticas. Lo que necesitamos es trascender el momento político: en Colombia no deben matar a líderes políticos. Punto.
Tiene razón la Defensoría del Pueblo cuando, en su comunicado por estos hechos, señala que “la protección de quienes intervienen en el debate público es una condición esencial para la vigencia de los derechos civiles y políticos, y para la legitimidad del proceso electoral”. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de COP 1.000 millones para identificar a los responsables de las amenazas, y dijo que “la Fuerza Pública articulada con (el Ministerio del Interior) y (la Unidad Nacional de Protección) está desplegada para proteger a todos los candidatos, sin distinción alguna”. Armando Benedetti, cabeza de la cartera del Interior, escribió que son “100 personas de protección, 129 policías, 37 vehículos blindados y 24 vehículos convencionales” que protegen a 13 candidaturas, que “se ha garantizado la seguridad en sus desplazamientos de campaña en todo el territorio nacional, con acompañamiento permanente de la Policía, el Ejército y la Armada”, y prometió las garantías electorales para todos. Es lo necesario. Nuestra campaña presidencial no puede conllevar más tragedias.
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