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Aunque el presidente de la República, Gustavo Petro, y sus ministros del Interior y de Justicia, Armando Benedetti y Eduardo Montealegre, buscaron restarle importancia a la decisión del Consejo de Estado sobre su “decretazo”, esta fue una buena muestra, oportuna por lo demás, de la importancia de los pesos y contrapesos en nuestro sistema institucional. La intervención del alto tribunal deja entrever que vieron lo que muchos hemos denunciado: que la creatividad jurídica del Gobierno no ha sido más que una “jugadita” para saltarse las normas e imponer a las malas su voluntad.
Desde la Casa de Nariño se quiso eludir el debate, dada la aprobación casi en paralelo en el Congreso de la reforma laboral, que había dado origen a la propuesta de una consulta popular. El presidente Petro escribió en su cuenta de X que “ya la discusión no es jurídica. El Congreso tiene su última palabra”. Finalmente, se derogó el ilegítimo decreto, pero ahora con el anuncio de otra nueva imposición desde el poder presidencial: la inclusión en las próximas elecciones de una papeleta para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
La discusión jurídica que planteó el Consejo de Estado, entonces, sigue vigente y es muy pertinente por sus impactos en la institucionalidad colombiana. Necesitamos saber si, como lo sospechamos, la Casa de Nariño se extralimitó en sus funciones convocando sin autorización la consulta popular. El presidente y sus asesores llevan varias semanas buscando argumentar que pueden saltarse el Congreso, que pueden decidir cuándo un acto no se hizo de manera correcta y que además pueden seleccionar el juez natural de sus actuaciones. Con el anuncio de la papeleta constituyente sucede lo mismo. Y la respuesta del Consejo de Estado fue contundente: son las normas y la jurisprudencia, que aplican a todos los colombianos sin importar su nivel de poder dentro del Estado, las que determinan lo que se puede y lo que no se puede hacer. En democracia no hay reyes ni queremos presidentes que actúen como tales.
Tal vez el Gobierno no quiere que se les preste atención a las consideraciones del auto del Consejo de Estado. La medida cautelar, sin embargo, ocurrió porque el tribunal encontró que “se requiere del concepto favorable del Senado de la República” para convocar la consulta popular, algo que el Gobierno se saltó. Y dice que la excepción de inconstitucionalidad invocada por la Casa de Nariño está mal aplicada y que “corresponde al Consejo de Estado definir la legalidad o constitucionalidad de la decisión del Senado de la República”. En pocas palabras, todo lo que ha argumentado el Gobierno se estrelló con el estudio jurídico del tribunal. Tal como lo predijeron múltiples juristas reconocidos por su rigurosidad e independencia.
Más allá del calor de la discusión, es de celebrar que el sistema de pesos y contrapesos esté operando. Nuestra democracia está diseñada para que nadie tenga un poder absoluto, para que los servidores públicos no puedan imponer sus caprichos e interpretaciones. Ahora, enfrentados a la pretensión de imponer un proceso constituyente, de nuevo el presidente Petro decidió saltarse las normas absolutamente claras que contempla la Constitución para convocarlo. ¿Qué es lo que le estorba? ¿Cuál es el sistema con el que se pretende reemplazar al actual? Más importante aún, ¿cuál es el pecado que quiere solucionar?
Con todo y que se insista en que las eventuales modificaciones constitucionales no aplicarían al Gobierno actual, plantear una constituyente porque a un mandatario le estorba que las normas se hagan cumplir y que los presidentes no sean todopoderosos es un ultraje a la institucionalidad. Y ni qué decir de que lo ordene por fuera del cauce legal.
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