Las elecciones se tienen que cuidar, se tienen que defender y, lo más importante, sus resultados se deben respetar como hasta ahora ha pasado. Si bien líneas como estas no deberían ser necesarias en un país democrático como Colombia, el nivel de visceralidad que ha tomado el debate político desde todos los frentes —incluyendo los institucionales— y las amenazas directas a las convocatorias a urnas por parte de los grupos criminales que se niegan a dejar el narcotráfico y otras fuentes ilegales, obligan a insistir en ellas.
Los organismos electorales están siendo objeto de ataques desde orillas diversas, con insinuaciones de una supuesta intención de interferir en los resultados que saldrán de las votaciones del 8 de marzo (Congreso y consultas) y del 31 de mayo (Presidencia). Incluso se han llegado a cuestionar los mecanismos de transparencia que se están aplicando, pese a que se calcula que habrá más de seis millones de testigos electorales y vigilancia directa de unos 150 observadores internacionales, incluidas la Unión Europea y el Centro Carter de Estados Unidos.
Sería ridículo afirmar que nuestro sistema electoral no tiene muchas cosas por mejorar. Hace apenas unos días, por ejemplo, en este mismo espacio comentábamos la falta de legitimidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo de carácter partidista que surge de postulaciones y votaciones de los congresistas, lo cual hace que sus decisiones —todas de carácter administrativo— siempre tengan una carga de intereses detrás, y cómo los intentos por reformarlo fracasan legislatura tras legislatura por esa misma razón. Males adicionales han sido imposibles de erradicar, como el trasteo de votos, el clientelismo o la coerción violenta, por mencionar algunos.
Ese sistema imperfecto por muchos años ha entregado, empero, resultados aceptados por todos, con correcciones en el camino cuando se han detectado problemas, y esos resultados han mantenido nuestra democracia funcionando. Hace cuatro años nomás, ese mismo sistema imperfecto permitió una transición significativa del poder para llevar al primer gobierno de izquierda revolucionaria a la Casa de Nariño. Un gobierno al cual ahora parecerían estorbarle esos procedimientos que lo llevaron al poder.
Por más que legítimamente se aspire a la continuidad inmediata de ese proyecto de izquierda hoy en el poder, o que otro de derechas quiera recuperar los espacios perdidos en urnas hace cuatro años, esa operatividad electoral que ha sostenido nuestra democracia debe cuidarse. Las oportunidades de mejora no van a surgir de la eliminación del contrario, sino desde la defensa de la democracia misma.
Por eso, justo ahora que el país asiste a una reconfiguración de su mapa político y que la ilegalidad ha ganado terreno al punto de generar riesgos electorales en más de 700 municipios, cobra vigencia lo que recientemente le dijo a El Espectador el registrador Nacional, Hernán Penagos: “No hay norma en Colombia que pueda lograr que se suspendan o cancelen las elecciones nacionales; por ningún motivo, ni de orden público, ni circunstancias derivadas con emergencias de una u otra naturaleza. (...) Se elegirá a un nuevo Congreso y a un nuevo presidente con transparencia e integridad”.
Así debe ser. Los ojos del país están con razón sobre la Registraduría y el CNE porque de su idoneidad dependerá en gran parte la tranquilidad democrática que se requiere para que la tradicional sucesión del poder los 7 de agosto cada cuatro años se siga dando sin contratiempos. Pero pasar de ahí a lanzar sospechas sin fundamento fáctico para dejar en el aire la idea de que se está orquestando un fraude mayor es una irresponsabilidad enorme. Nos negamos a aceptar que, como hay quienes lo advierten, esta sea, además, una estrategia planeada para desconocer después los resultados.
La ciudadanía debe estar segura de que su Estado, el que permite que como país funcionemos, tiene la suficiente madurez para sortear tanto caudillismo y populismo en esta que tal vez vaya a ser la campaña más polarizante de las últimas décadas. No juguemos con nuestras elecciones, pilar central de nuestra democracia que nos ha permitido tener una serena transición del poder cada cuatro años. Respetando sus resultados, el perfeccionamiento del sistema es todavía posible. Sin reconocerlos, moriría nuestro sistema democrático.
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