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La decisión en contra de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, exministros de Hacienda y del Interior del gobierno de Gustavo Petro, dejó dos realidades preocupantes. La primera es que la jueza Aura Alexandra Rosero Baquero, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, consideró que hay suficientes evidencias para creer que los servidores públicos formaron parte de un complejo entramado de corrupción y compra de votos legislativos a cambio de asignación de contratos. La segunda es que la misma magistrada dictó una medida de aseguramiento que parece una extralimitación de una figura que no se creó para castigar a personas que no han sido vencidas en juicio. Todo esto apunta a lo mismo: la urgencia de que los procesos en la Corte Suprema y en la justicia ordinaria lleguen pronto a decisiones que le expliquen al país qué fue lo que ocurrió y por qué.
Para la magistrada Rosero Baquero, las pruebas presentadas por la Fiscalía son suficiente indicio para dudar de la inocencia de los imputados. Según la togada, “del examen detallado de los elementos relacionados por la Fiscalía se evidencia que los entonces ministros no solo participaron en reuniones institucionales o suscribieron actos propios de sus cargos, sino que articularon, promovieron y coordinaron a través de terceros un esquema reiterado de dirección contractual en entidades como la Ungrd y el Invías, con el propósito específico de asegurar mayorías legislativas para la aprobación de proyectos de ley, de operaciones de crédito público valiéndose de recursos del erario”. Además, en lo más importante para la determinación de la medida de aseguramiento, dijo que los exministros “habrían integrado desde posiciones de liderazgo un acuerdo criminal organizado, orientado a la comisión reiterada de delitos contra la administración pública”. Afirmaciones gravísimas que deben probarse en el proceso.
Tanto Bonilla como Velasco insistieron en su inocencia. El presidente, Gustavo Petro, señaló que el problema se centra en Olmedo López. Sobre sus exministros dijo: “No puedo decir que sean culpables. A Bonilla lo conozco, es un obsesionado con la economía, pero es ingenuo”. La posición de la Casa de Nariño con este caso ha estado marcada por la ligereza, cuando su responsabilidad todavía está por determinarse. Si Bonilla y Velasco son condenados, lo será por haber trabajado buscando beneficios para el Gobierno actual. No se trata de acusaciones menores.
Dicho lo anterior, y reiterando que es importante que este y los demás procesos avancen de la forma más eficiente posible, la decisión de la magistrada Rosero Baquero sobre la medida preventiva es extraña. La Fiscalía había solicitado prisión domiciliaria, pero la magistrada fue más allá y los envió a la cárcel. Según su argumentación, la medida no es por riesgo de fuga, sino por el riesgo de que los exministros activen la presunta red de corrupción que armaron para seguir redirigiendo contratos. Sin embargo, la detención preventiva está pensada como un recurso excepcional en casos donde sea evidente que habrá una intervención en el proceso judicial. Tanto Bonilla como Velasco han participado, han respondido a todas las llamadas de la justicia y no se han ido del país. No son prófugos como Carlos Ramón González. Eso nos lleva a pensar: ¿se está abusando de una herramienta jurídica que debería ser extraordinaria?
Por supuesto, lo más importante es que el caso se resuelva cuanto antes. La Fiscalía parece estar segura de sus pruebas, pero la defensa ha pedido la oportunidad de desmentir a los testigos. Colombia está a la espera de conocer qué tan grande es el mayor escándalo de corrupción que ha marcado la presidencia de Gustavo Petro.
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