El Gobierno Nacional debería observar la oposición de la Fiscalía a levantar las órdenes de captura de los líderes del Clan del Golfo como una oportunidad de diálogo institucional y de fortalecer de legitimidad uno de los procesos de paz más avanzados que dejará la administración de Gustavo Petro. Aunque el comunicado de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, fue recibido con hostilidad en la oficina del alto comisionado para la Paz, nos parece muy poco productivo seguir en confrontación con una funcionaria que sólo busca blindar un eventual acuerdo. No en vano los fracasos recientes ligados a los procesos de la “paz total” han hecho que los colombianos estén preocupados por la seguridad y, por ende, desconfíen de una apuesta negociada para ir cerrando conflictos.
En una resolución del pasado 29 de abril, el Gobierno Petro le pidió a la Fiscalía suspender las órdenes de captura de 29 miembros del Clan del Golfo. Esto con el objetivo de llevarlos a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) el próximo 25 de junio donde, si se logra llegar a un acuerdo final, pasarían a desmovilizarse. Entre las personas listadas se encuentra Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, pedido en extradición por Estados Unidos. Según el Gobierno, esto es para brindarles “seguridad jurídica” en medio del proceso de diálogos. Sin embargo, cuando la Fiscalía se negó, el presidente Gustavo Petro dijo que se acababa de enterar: “La Comisión de Paz hizo una lista de 29 que incluye extraditables, estaba en sus funciones, pero no fue consultada esa decisión al presidente que ha sido claro en que en las primeras fases del proceso no actúan extraditables”.
La negación por parte de la fiscal Camargo se concentra en varios puntos. En el comunicado, el ente investigador dice que “la información remitida a la Fiscalía por parte del Gobierno permite conocer el compromiso de ingreso de algunas personas a las ZUT, pero no permite verificar todavía el contenido de los acuerdos de paz, su cumplimiento efectivo, ni el universo de integrantes que quedaría bajo control institucional. Esta verificación no puede depender únicamente de lo informado por miembros del grupo, sino que debe ser realizada por autoridades del Estado mediante un mecanismo claro, trazable y verificable de identificación, movilidad y permanencia”. También se pregunta por Chiquito Malo y se pide “honrar los compromisos de cooperación judicial en materia de la persecución de delitos transnacionales”. En esencia, la misiva dice que no se puede conceder un beneficio tan generoso sin que el país y la Fiscalía tengan detalles del verdadero avance de los diálogos.
En respaldo de la fiscal, la Corte Suprema de Justicia y su Sala Penal emitieron un comunicado. Los magistrados dicen que “comparten los planteamientos que formuló (la fiscal) a fin de constatar que todas las medidas adoptadas deben, necesariamente, estar precedidas de información suficiente y verificable sobre el cumplimiento de los condicionamientos legales, establecidos respecto al proceso de paz”. Es decir, la institucionalidad de la rama judicial le está pidiendo al Gobierno que sea más diligente, cuidadoso y transparente con el proceso de paz.
El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, que ha parecido más un observador pasivo del gobierno que un participante de este proceso, pidió a la oficina del Comisionado de Paz que envíe la información a la Fiscalía, pero que “hubiera sido oportuno recordar que el responsable de la política de paz es el presidente de la República”. El presidente Petro también dijo que “el presidente es el que ordena la política de paz de Colombia. Las zonas de concentración para la salida de combatientes se respetan por orden del presidente”. Nadie está negando la autoridad presidencial, pero todos estos años la Casa de Nariño ha elegido ir sola en los procesos de paz, cuando necesita de entidades tan importantes como la Fiscalía de su lado. Es buen momento para dejarse apoyar.
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