El uso de fuerza letal por parte de Estados Unidos contra una lancha que supuestamente cargaba droga, y la muerte de sus once ocupantes en algún lugar entre Venezuela y Trinidad y Tobago, debe ser esclarecido. Si se trata de un nuevo procedimiento que se aplicará en adelante, como lo han anunciado el presidente Donald Trump y otros altos funcionarios de su gobierno, se estaría legitimando el asesinato en el mar de presuntos narcotraficantes. La nueva metodología, que constituye un precedente muy grave, llevaría a que, en vez de ejercer labores de interdicción acordes con las normas internacionales, se pase a acciones unilaterales de fuerza sin asidero jurídico.
Tras conocerse la noticia, la dictadura de Venezuela expresó que se trataba de un video hecho con inteligencia artificial, mientras que el Departamento de Defensa denunciaba el sobrevuelo de dos aviones de combate venezolanos sobre uno de sus barcos de guerra, lo que consideró una “maniobra altamente provocadora diseñada para interferir con nuestras operaciones en contra del narcoterrorismo (…) Se le recomienda fuertemente al cartel que gobierna Venezuela que no persiga ningún esfuerzo por obstruir, disuadir o interferir en operaciones antinarcóticos y antiterrorismo llevadas a cabo por las fuerzas armadas estadounidenses”. La respuesta efectiva al sobrevuelo fue el despliegue de 10 aviones de combate F-35 a Puerto Rico para llevar a cabo operaciones contra los carteles de drogas, lo que se convierte en un paso adicional en el aumento de tensiones en la región.
La reciente acción militar tuvo lugar en momentos en que la Casa Blanca adelanta operaciones antinarcóticos frente a costas de Venezuela, tras el señalamiento hecho a Nicolás Maduro como jefe del llamado Cartel de los Soles, denominado junto al Tren de Aragua por Estados Unidos como grupos terroristas contra los cuales se puede actuar militarmente. Esto, sumado a la recompensa por Maduro por US$50 millones, la más alta de la historia en el país del norte. El desplazamiento de la flotilla de guerra ha hecho aumentar el temor de una acción militar directa de Washington contra Caracas, aunque, en esa proporción, ha sido descartada de momento. Otra especulación sería la de una operación quirúrgica que saque al dictador del país vecino del poder. Cualquiera de estas opciones es clara violación del derecho internacional.
En un comunicado, WOLA (Oficina de Washington sobre América Latina) analizó el incidente, en medio de la escasa información existente. Se pregunta la ONG si se siguieron los protocolos previstos por las normas internacionales para tales casos, desde contactar a las personas a bordo, intentar abordarla, realizar disparos de advertencia o intentaron inhabilitar el motor, y, por último, si las autoridades utilizaron fuerza letal justificada para destruir la lancha. Todo indica que nada de esto se cumplió. Según WOLA, “la proporcionalidad en el uso de la fuerza es un principio fundamental del derecho internacional. La mera sospecha de transportar drogas, o simplemente ser perseguido por embarcaciones navales u otros activos militares en aguas internacionales, no es un delito que conlleve una pena de muerte, y mucho menos una ejecución sumaria”. Tienen toda la razón.
Que Maduro es un dictador que gobierna un narco-Estado, con crímenes de lesa humanidad de por medio, tiene mucho de cierto. Que la democracia debe regresar a Venezuela, en especial luego del monumental fraude electoral del año anterior, es una urgente necesidad, pero el uso de la fuerza, de manera unilateral, con la excusa de combatir a los carteles de las drogas, no puede ser aceptado bajo ningún concepto. Arrogarse la potestad de actuar de manera letal, desconociendo las normas internacionales, es el regreso de la ley del más fuerte.
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