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Es sorprendente que la respuesta de las autoridades colombianas a las revelaciones de Noticias Caracol, sobre infiltración de las disidencias de las FARC en varios puntos del Estado, sea, palabras más palabras menos, que se acaban de enterar. Jorge Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), dijo: “Yo, la verdad, hasta anoche me entero”. En Semana Lemus fue incluso más allá, a pensar con el deseo: “Yo, todavía, me niego a que esto haya ocurrido”. Luz Adriana Camargo, fiscal general de la nación, respondió en Caracol Radio: “Yo no conozco la información que Caracol publicó, que es reservada”. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció no conocer lo que ocurría y ordenó “adelantar una investigación rigurosa”. ¿Cómo es posible que esta información se encontraba en control de las autoridades y no se hizo absolutamente nada?
La Unidad Investigativa de Noticias Caracol publicó un informe el domingo pasado que tituló “Archivos secretos de Calarcá”. El equipo periodístico tuvo acceso a parte de la información que las autoridades recolectaron de disidentes cuando fueron capturados y luego dejados en libertad hace un año. En ese momento un retén militar obtuvo memorias USB, computadores y otros insumos de los criminales, que fueron capturados en flagrancia, pero por estar en marco de negociaciones con el gobierno de Gustavo Petro no pudieron ser judicializados. Además de revisar los correos electrónicos, los mensajes de texto y los archivos, Noticias Caracol verificó con fuentes directas dentro de las disidencias. Los hallazgos son muy preocupantes.
Según los correos, el general Juan Miguel Huertas, retirado del Ejército en el gobierno anterior, pero nombrado por el presidente de la República, Gustavo Petro como director del Comando de Personal, les ofreció a las disidencias montar una empresa de seguridad legal que les sirviera para obtener armas, transportarse de manera segura y también lavar recursos. Uno de los correos vende la idea de la siguiente manera: “Llegado el momento en que todos estos procesos fallen quedamos con hombres legales”. Un líder de las disidencias entrevistado por Noticias Caracol confirmó que no le veían futuro a los diálogos de la paz total y que estaban buscando la empresa de seguridad como una buena “inversión”.
No es la única revelación. La fuente de las disidencias le afirmó al noticiero que se llevaron reuniones con altos mandos, “donde ya nos dieron puntos donde nosotros nos podíamos comunicar con diferentes personas de bases militares, estaciones de policía, batallones, donde nosotros no tuviéramos riesgo, ni tuviéramos que hacerles daño. La idea era no chocar con el Ejército”. Se habló de un pacto de no agresión entre el Ejército y las disidencias, y les entregaron los códigos de radio de las Fuerzas Militares para que se enteraran de las operaciones. Esa es información confidencial.
En los archivos también se encontraron documentos de reserva, tanto de la DNI como de la Fiscalía, que incluyen información muy sensible sobre preacuerdos con el ente investigador y datos de un suboficial del Ejército que estaba planeando operaciones contra las disidencias. Otros mensajes de texto muestran que “Iván Mordisco” sabía de un ataque en su contra coordinado con Estados Unidos, y también se comparten planes operacionales y acusaciones, hasta ahora sin pruebas, que involucran a la campaña presidencial de Petro. Wílmar Mejía, representante del Gobierno en la Universidad de Antioquia y funcionario del DNI, es señalado como el lazo clave entre los criminales y las Fuerzas Militares.
Todos los involucrados niegan lo ocurrido y hablan de un montaje en su contra. En redes igual empezó el desprestigio contra los periodistas que están sonando las alarmas. Por eso son urgentes las investigaciones y reacciones desde el Gobierno. No solo está en riesgo uno de los pocos procesos que avanzan de la paz total, sino la legitimidad de las Fuerzas Militares y el Estado colombiano. Exigimos respuestas.
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