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¿Estamos exagerando la crisis de seguridad que hay en Colombia? Esa parece ser la posición de la Casa de Nariño. El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió de esa manera a una carta del Consejo Gremial pidiendo acciones urgentes. “Si la violencia se mide por tasa de homicidios, entonces los dos últimos años se ha reducido”, escribió el mandatario. Luego dijo que “la paz de Colombia necesita datos objetivos y seriedad”. El ministro saliente de Defensa, Iván Velásquez, se despidió de su cargo dando una declaración en el mismo sentido. “Reconocemos la gravedad de la situación, pero (los hechos se) han maximizado para mostrar como que durante este Gobierno precisamente se deterioró absolutamente el orden público”, señaló el ahora exministro. Luego afirmó que no estamos en una situación “tan dramática”.
Es cierto que no estamos igual que en los años 90 o a principios de 2000. También es verdad que, si nos concentramos únicamente en la tasa de homicidios, el Gobierno puede mostrar una reducción. Sin embargo, ese indicador, que el presidente utiliza para pedir seriedad, no deja tan bien parada a la Casa de Nariño. En agosto de 2022 la tasa de homicidios estaba en 26 por cada 100.000 habitantes. En marzo del año pasado la cifra estaba en 25,47. Si esa reducción es para sacar pecho, al Gobierno le falta, cuando menos, ambición.
El problema, en todo caso, es que la violencia y la seguridad no se pueden medir únicamente por la tasa de homicidios. En 2023 tuvimos 11.078 casos de extorsión y en 2024 aumentaron a 12.334, según datos de las Fuerzas Militares. En 2022 teníamos ocho zonas de enfrentamientos entre grupos armados y hoy tenemos 14. La Defensoría del Pueblo alertó de 11 zonas donde habrá enfrentamientos de manera inminente. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró que en 2024 hubo un aumento del 58 % en el reclutamiento de menores. Y aquí viene lo más importante: toda la información disponible, la objetiva que pide el mandatario, muestra que hoy los grupos armados tienen presencia en más lugares de Colombia, tienen mejor financiación, tienen más tentáculos dentro de las organizaciones locales y enfrentan a una Fuerza Pública desmoralizada.
El presidente dice que “el nivel de desinformación de la prensa nacional llega a máximos”. Empero, no somos solo los medios de comunicación los que hemos prendido las alarmas. Hace unos días los alcaldes de las principales ciudades del país le pidieron al Gobierno Nacional actuar. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habló en representación de los demás: “Queremos expresarle al Gobierno Nacional que tenemos una gran preocupación frente al grave deterioro de la seguridad”. En un encuentro con gobernadores, el presidente recibió la misma solicitud. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, afirmó que “es fundamental que el Gobierno Nacional entienda que si no tenemos más ofensiva del Ejército y la Policía, los departamentos vamos a tener la misma problemática del Catatumbo”.
La Casa de Nariño puede creer que se trata de una conspiración en su contra, pero las voces en el país le piden que se reconecte con la realidad. En Colombia las personas se sienten atemorizadas ante la fuerza de los grupos criminales, y los mandatarios locales ven con frustración cómo las ciudades se les salen de control. No es un desprestigio contra el “Gobierno del cambio”, es un reclamo para que el Estado muestre mejores resultados.
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