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El asesinato de un niño de 11 años, hijo del director de la cárcel de Neiva, se suma a una creciente lista de ataques trágicos contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en los últimos años. La respuesta de rechazo por parte de las autoridades ha caído, a pesar de los buenos deseos, en una extraña desorientación. Más allá de expresar solidaridad con las familias y prometer el refuerzo de la seguridad, ¿cuál es la estrategia para humanizar, dignificar y proteger el trabajo de los servidores públicos del Inpec? ¿Cómo se podrá garantizar la seguridad, especialmente en las ciudades donde la criminalidad está cobijada por la impunidad y la inacción?
En la mañana del martes 13 de enero, el director y el subdirector de la cárcel de Neiva, Édgar Enrique Rodríguez Muñoz y Renato Solano Osorio, se movilizaban en un vehículo. Allí también iba el hijo de Rodríguez Muñoz, de 11 años. En un momento, fueron abordados por un hombre en moto que disparó en seis ocasiones. Las autoridades confirmaron que el niño murió y que Solano Osorio se encuentra, al cierre de esta edición, en cuidados intensivos. Es una tragedia insensata y muy dolorosa.
La respuesta de las autoridades ha sido la esperada. La Alcaldía de Neiva rechazó lo ocurrido, mientras que la Fiscalía anunció investigaciones. La Procuraduría pidió al Gobierno Nacional mejorar la protección de quienes trabajan en las cárceles. El director del Inpec, el coronel Édgar Gutiérrez, afirmó: “Lamentamos y repudiamos estos hechos contra el director y el subdirector de la cárcel de mediana seguridad de Neiva y uno de sus familiares”. Por su parte, el ministro de Justicia encargado rechazó “de manera contundente el atentado”, y añadió que “debemos seguir buscando mecanismos para fortalecer cada vez más la seguridad de los directivos del Inpec”, y explicó algo llamativo: “Lo que más nos sorprende es que el director de la cárcel lleva apenas 10 días en su cargo”.
Esa sorpresa es diciente. Si bien los actos sicariales son difíciles de prever, la realidad es que todos los funcionarios del Inpec llevan años bajo asedio. La única institución del Estado que llamó a las cosas por su nombre, sin dar vueltas a la raíz del problema, fue la Defensoría del Pueblo. En un valioso comunicado, señaló que “este hecho no puede ser entendido como un caso aislado. Se suma a una cadena de violencias que incluye, entre otros, el asesinato del director de la cárcel La Modelo en mayo de 2024 y los múltiples atentados registrados contra funcionarios del Inpec en 2025, que cobraron la vida de dragoneantes y servidores administrativos en Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia y Cartagena. La persistencia de estos hechos evidencia fallas graves en las estrategias de prevención y protección”.
Por eso, la sorpresa del ministro debe ser cuestionada.
Sabemos que trabajar en las cárceles del país implica un alto riesgo. Los funcionarios están sometidos a amenazas, presiones internas y externas, extorsiones y todo tipo de influencias. Adicionalmente, se encuentran en espacios hacinados mientras custodian a las personas más peligrosas del país. Por eso es tan importante que el Estado sea capaz de garantizarles su seguridad. El Estado les falla cuando los deja a merced de la criminalidad. Esto no puede seguir ocurriendo.
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