Ha pasado menos de un mes desde que empezó el gobierno de Abelardo de la Espriella, y el Estado colombiano sigue aumentando el número de menores de edad que han muerto a causa de bombardeos para combatir la criminalidad. Una vez más, el ministro de Defensa de turno, en esta ocasión el mayor general retirado Jorge Eduardo Mora López, utiliza un lenguaje elaborado para no admitir de frente la tragedia que subyace. Cada vez que un presidente autoriza bombardear a los criminales sin suficiente información está permitiendo la muerte de menores de edad reclutados de manera forzosa.
Sin importar quién esté en la Casa de Nariño, presidente tras presidente ha terminado autorizando bombardeos contra grupos criminales y causando la muerte de menores de edad. Durante el gobierno de Iván Duque se reportaron 42 menores de edad muertos en bombardeos y operaciones militares. Durante el gobierno de Gustavo Petro, fueron 62. Ahora, durante el gobierno de Abelardo de la Espriella llevamos por lo menos cuatro: tres en el bombardeo ejecutado el pasado 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, y uno el pasado 10 de agosto en Catatumbo, Norte de Santander. En todos los casos la respuesta del Gobierno fue que se trató de algo inevitable y que el verdadero problema es el reclutamiento forzoso que llevan a cabo los grupos criminales. El argumento va así: como los criminales saben que la presencia de menores exige un actuar más cauto del Estado, construyen anillos de “seguridad” con adolescentes para obstaculizar a las Fuerzas Armadas.
Al anunciar los menores muertos en Guaviare, el ministro Mora dijo que “eran combatientes” y que el Gobierno “observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante el planeamiento y la ejecución” de la ofensiva. También señaló que “se recuperó a un menor de edad en función continua de combate, a quien se le restablecieron sus derechos”. También que “en el sitio del bombardeo se incautaron 19 fusiles, siete ametralladoras, 15 armas cortas, un mortero de 60 mm, 22 granadas para mortero, ocho granadas de 40 mm, 174 proveedores, 184 minas antipersonas, 20 granadas para dron y más de 29.000 municiones”. Por su parte, el presidente De la Espriella respaldó el actuar de las Fuerzas Militares.
No creemos que la conversación termine tan fácil. Save the Children, organización especializada en los derechos de los menores de edad en el marco de conflictos, explicó que “un niño, una niña o un adolescente reclutado es una víctima antes, durante y después de cualquier operación militar. Su presencia no puede descubrirse después, en los balances de Medicina Legal: debe ser prevista antes, en la inteligencia, la planeación y la decisión de atacar”. Asimismo, les pidió a los grupos armados que “cesen de manera inmediata el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, y al Estado colombiano para que fortalezca las medidas de prevención del reclutamiento y de protección de la niñez en los territorios afectados por el conflicto armado”. La pregunta que nos queda a la sociedad colombiana es por qué seguimos contando a menores de edad muertos sin importar la ideología del gobierno de turno.
Sí, sabemos que combatir a los grupos criminales implica tomar decisiones difíciles y que su fortalecimiento en los últimos años exige que las Fuerzas Militares lleven a cabo ofensivas eficientes y urgentes. Eso no significa que la pregunta por los menores de edad reclutados forzosamente sea de menor importancia. Los bombardeos deben ser la última ratio, e incluso en los momentos en que es necesario usarlos debe primar la vida de las víctimas que están en riesgo. No podemos abandonar el imperativo moral de proteger a todos los colombianos, en especial a los más vulnerables.
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