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Finalmente, el Gobierno Nacional prorrogó la semana pasada, y unos días antes de su vencimiento, el contrato de administración del Fondo Nacional del Café con la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). Como lo expresó el gerente de esa entidad, Germán Bahamón, de esta manera “se preserva un modelo institucional construido durante casi un siglo”, que estuvo amenazado por el gobierno saliente, muchas veces sin mayor fundamento.
Cabe recordar que los bienes públicos cafeteros financiados por el Fondo son parte fundamental de la competitividad de Colombia en el concierto internacional: la garantía de compra a precios de mercado en todos los municipios cafeteros, la investigación a través de Cenicafé, la extensión agrícola provista por 1.200 agrónomos y la promoción y desarrollo de la arquitectura marcaria del café de Colombia, que incluye a la marca Juan Valdez. Formar alguna entidad con la infraestructura y capital humano y tecnológico para proveer estos servicios a los productores no es fácil ni obvio.
La posibilidad de quitarle el manejo del Fondo a la FNC la planteó por primera vez el presidente Petro en agosto de 2023, unos pocos meses después de la posesión de su actual gerente, quien no era su candidato para dirigir esta institución. Durante los meses que siguieron fue evidente su distanciamiento con la FNC, una institución que no acabó de comprender a lo largo de su mandato. Sin embargo, La FNC y los representantes del gobierno encontraron una manera de trabajar en medio del ambiente tenso, con resultados positivos.
En ese orden de ideas, no se entiende la reticencia del gobierno a adelantar una transición ordenada en la administración del Fondo desde diferentes perspectivas: en lo económico, el cafetero ha sido uno de los sectores estrella durante el gobierno Petro: la participación del café en el sector agropecuario se elevó del 11,1 al 13,5 % entre el 2022 y el 2025, y el valor de la cosecha cafetera pasó de 14,5 a 24,4 billones de pesos en el mismo periodo. Esto se traduce en un crecimiento nominal en esos años de casi el 70 % en los ingresos de más de medio millón de productores, lo que se tradujo en demanda agregada adicional significativa para los habitantes de 600 municipios cafeteros. Es claro entonces que el café ha sido uno de los grandes dinamizadores de la economía colombiana, de la que se ha ufanado el presidente en estos años.
Tampoco se entendió la actitud del gobierno desde la perspectiva gremial: la FNC es un gremio con un arraigo muy profundo en la ruralidad colombiana, con cafeteros elegidos por las propias bases de productores, que se reúnen mensual o quincenalmente a discutir sus problemas locales, regionales y nacionales. Esa representatividad es difícilmente comparable a la de cualquier otro gremio, nacional o internacional.
Superada la amenaza, cargada de confrontación política y caprichos ideológicos, con la prórroga del contrato, la negociación de uno nuevo con el gobierno entrante puede incluir revisiones en temas como la trazabilidad sobre el uso del dinero parafiscal, sistemas de seguimiento más robustos o una necesaria reinvención y renovación en la gobernanza de frente a nuevas realidades productivas y comerciales en el mercado del café. Es evidente, empero, que cambiar el modelo o la forma de negociar el contrato no era lo apropiado. La FNC ha construido durante ya casi un siglo una red institucional difícil de reemplazar y sería arriesgado, pero sobre todo innecesario, despreciar su enorme valor.
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