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La Corte Constitucional le ha vuelto a llamar la atención al Ministerio de Salud por la falta de pagos urgentes al sistema de salud. Bajo la amenaza de encontrar en desacato al actual encargado de la cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, un auto del alto tribunal encontró un “incumplimiento general” a las órdenes que viene dando desde 2021. La decisión es clave porque muestra cómo el problema viene acumulándose desde otras administraciones y pone de presente una discusión repetitiva sobre el sistema de salud que se diluye entre los debates de corte político: ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero para mantener un sistema en crisis estructural de financiamiento?
Para la Corte, los incumplimientos son claros. A pesar de que el Ministerio de Salud se había comprometido a pagar $819.000 millones que el Estado debe del año 2022 por presupuestos máximos, el Ministerio de Hacienda no giró esa plata. Además, la cartera no ha querido modificar la manera en que se ajusta ese rubro, lo que significó que en los tres últimos meses del 2024 se dejaran de girar $500.000 millones mensuales que se necesitaban. Entonces, los magistrados dieron un plazo de dos días para que se consignen cerca de $2,3 billones en deudas. El problema es que esto ocurre mientras el Gobierno busca recortar gastos y tiene serias dificultades en el recaudo tributario.
Los presupuestos máximos apuntan al corazón del debate nacional sobre el sistema de salud. Se trata del dinero con el que se cubren los procedimientos y medicamentos de los pacientes con las enfermedades más costosas del sistema. Esta plata, por cierto, no va a las EPS, sino que es un giro directo a los prestadores y proveedores de salud. Sin embargo, por sus altos costos, un debate que no ha querido dar el país es qué se puede cubrir de manera realista y qué no. Hay una postura garantista que la encarna Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, quien dijo que “la determinación de la Corte envía un mensaje claro: el derecho a la salud debe ser prioritario y no puede estar condicionado por limitaciones presupuestales”.
No obstante, ¿no es irreal creer que las limitaciones presupuestales pueden ignorarse al planear las intervenciones que hace el sistema de salud? Lo vimos en la conversación sobre la unidad de pago por capitación, donde se le exige al Gobierno que gire una cantidad de dinero abrumadora que no se conduele de la realidad fiscal del país. Lo que termina pasando es que, en efecto, el sistema sigue desfinanciado porque no hay dinero para suplir los huecos y porque sus costos siempre van a seguir aumentando. Por eso hemos insistido en que la reforma a la salud necesita incluir una concertación difícil y basada en la realidad sobre los alcances y limitaciones del sistema.
Si no tenemos ese tipo de diálogos, ocurre lo que seguramente pasará con este auto de la Corte Constitucional y es que se cumplirá a medias. Eso no quiere decir que estemos absolviendo de responsabilidad al Ministerio de Salud. Este tipo de decisiones judiciales muestra que la estrategia de estigmatizar a las EPS y culparlas de todo lo que está mal con el sistema de salud es engañosa. Aquí hay un claro incumplimiento del Gobierno y eso tiene que alimentar las consideraciones al reformar la salud. Lo necesario, ante la magnitud casi insondable del reto que tenemos por delante, es sentarnos a tener conversaciones difíciles y concertar. Es un cambio que necesita Colombia con urgencia.
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