En su mejor versión, el mensaje del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, muestra una profunda ignorancia sobre cómo opera la división de poderes en Colombia. O bueno, en cualquier democracia. En su peor versión, el funcionario está haciendo lo mismo que su jefe, Donald Trump, quien califica de persecución política cualquier tipo de investigación contra sus aliados y no ha escatimado esfuerzos por estigmatizar a los jueces que han buscado hacer contrapeso a los abusos de su administración. En cualquier caso, lo que no se puede aceptar es que el gobierno de Estados Unidos busque interferir en la justicia colombiana ni que promueva pisotear un principio básico de nuestro Estado de derecho.
Sabíamos que la decisión contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez iba a causar polarización en Colombia. Era de esperarse en un país donde el debate público lleva años secuestrado por los extremos y la falta de criterio al momento de enfrentar realidades complejas. Lo que es inédito, y debe ser rechazado por todas las fuerzas políticas, es que nuestro principal aliado comercial y político decida intervenir en la soberanía de nuestro país con afirmaciones falsas, peligrosas y francamente ofensivas. Eso, ni más ni menos, fue lo que hizo el secretario Rubio y lo que algunos otros congresistas de Estados Unidos han replicado. Al hacerlo creen estar defendiendo a un líder político, pero lo único que logran es afectar la democracia y las instituciones colombianas.
Cuando se supo el sentido de fallo de la jueza Sandra Heredia, el secretario Rubio publicó un mensaje breve en su cuenta de X. “El único crimen del expresidente colombiano (Álvaro) Uribe ha sido pelear sin descanso y defender a su patria. El uso como arma del Poder Judicial de Colombia por parte de jueces radicales ha sentado ahora un precedente preocupante”, dijo. Si se tratara de una simple opinión, no merecería mayor comentario. Pero por tratarse del representante de la política exterior estadounidense, es importante hacerle varias correcciones al secretario.
No se trata de jueces radicales. El proceso de Álvaro Uribe Vélez empezó por investigación de la Corte Suprema de Justicia, un alto tribunal que es respetado por su independencia, autonomía y que está conformado por jueces elegidos mediante normas claras. Después, dos jueces distintos de la República, también elegidos según nuestras normas y con largas trayectorias en la administración de justicia, encontraron que había suficientes indicios contra el expresidente como para seguir adelante el proceso. La jueza Heredia, que finalmente expidió la condena, llevó a cabo un proceso juicioso, transmitido en directo vía streaming para que el país entero lo viera, con presencia de más de 100 testigos, con la garantía a una defensa técnica y con claridad sobre todos los argumentos empleados. Adicionalmente, el caso no termina ahí. El expresidente Uribe puede apelar, como su defensa anunció ya que lo hará, y su caso será revisado por un Tribunal Superior conformado por tres magistrados, también respetados y con largas trayectorias. Eso no es un precedente preocupante, sino la justicia actuando como debe hacerlo.
En Colombia no hay reyes. Nuestra Constitución de 1991, con todas sus fallas y espacios para mejorar, les apostó a la división de poderes y a una Rama Judicial independiente. El debido proceso es un derecho fundamental garantizado a todos. El expresidente Uribe ha tenido y sigue teniendo todas las garantías, pero los jueces encontraron que el actuar de uno de sus abogados y de él configuraba delitos. Ante eso, la condena no es un acto radical, sino un desenlace lógico. Nadie está por encima de la ley, sin importar su ideología. Estados Unidos solía comprender ese principio esencial de los Estados de derecho.
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