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El gobierno de Donald Trump no ha sido tímido en instrumentalizar políticamente las herramientas que tiene a su disposición, así eso implique romper una cultura de legalidad y de presentar evidencias para sustentar la persecución a ciertos actores. Ahora, Colombia está viviendo eso mismo. El anuncio del viernes pasado, en el que se incluye al presidente de la República, Gustavo Petro, a miembros de su familia y al ministro del Interior en la llamada lista Clinton es confuso, incomprensible y solo puede entenderse como un paso más en el conflicto de egos que emprendió el presidente estadounidense con el colombiano. Sin que esto signifique que validamos las muchas irresponsabilidades retóricas que ha cometido nuestro mandatario, es notable que no se presentó prueba alguna por el gobierno estadounidense para esa decisión. Estamos presenciando una agresión contra un país entero por decisiones tomadas democráticamente.
La primera dama, Verónica Alcocer; el hijo del presidente, Nicolás Petro; el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el mismo mandatario fueron incluidos en la lista de Nacionales Especialmente Designados. Manejada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la lista ha sido usada históricamente para señalar a narcotraficantes y a sus aliados, de tal forma que sean sancionados y perseguidos por todas las autoridades que puedan hacerlo. La lista también sirve para decirle al sector privado con quién no hacer negocios. Ahora, dos de los funcionarios de más alto nivel en Colombia se encuentran allí. ¿De verdad pueden decir, sin sonrojarse y sin pruebas, que el presidente Petro es un aliado del narcotráfico?
En las justificaciones que se han conocido, la OFAC habla del aumento en la producción de cocaína, critica la postura del presidente Petro en cuanto a los daños que causa esa droga y también menciona los procesos fallidos de “paz total”. Según la Oficina, “el presidente Petro ha permitido que los carteles de drogas prosperen y se ha negado a detener esta actividad”. Se trata de un comunicado curioso, pues nada de eso se mencionó hace un mes cuando se anunció la descertificación del país. ¿Aparecieron, acaso, nuevas evidencias? ¿O el Departamento del Tesoro está siendo usado políticamente para castigar a un mandatario que está en intercambio de insultos con el presidente estadounidense? El presidente Trump acusó al presidente Petro de ser un “matón” y de ser un “líder del narcotráfico”.
Tenemos que separar el ruido de los hechos. La designación de alguien como protector del narcotráfico no puede ocurrir por el intercambio de adjetivos entre presidentes en redes sociales. Entonces, ¿hay evidencias de que el presidente ha sido cómplice de los grupos criminales en el país? El periodismo colombiano no ha encontrado algo así. Mucho menos la justicia. Sí, la producción de cocaína está disparada, pero no es que el Estado colombiano se haya quedado cruzado de brazos. El aumento del número de hectáreas cultivadas comenzó en gobiernos anteriores, lo cual solo muestra que es un problema complejo. Decir que la “paz total” -por muchas críticas que le puedan caber en su concepción- es un esfuerzo criminal significaría que los gobiernos nacionales no pueden buscar acuerdos que lleven a desmovilizaciones y que ayuden a bajar las tasas de violencia. Si Estados Unidos tiene información que no conocemos en Colombia, haría bien en compartirla. Mientras tanto, este acto se siente como un abuso de poder más y una falta de respeto a la democracia colombiana. En vísperas de elecciones, ningún país debe buscar intervenir en la autonomía de nuestro proceso electoral. ¿Dónde están las voces sensatas dentro de la diplomacia de la Casa Blanca?
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