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En la última semana, el Gobierno Nacional ha mostrado su incomodidad con los mandatarios de las principales ciudades del país. Desde gestos pequeños pero dicientes, como la ausencia de representantes de la Casa de Nariño en el evento para recibir los vagones del metro de Bogotá, hasta amenazas preocupantes como la del combativo ministro del Interior anunciando demanda a dos alcaldes que viajaron a Washington, una de las características del “Gobierno del cambio” es su inhabilidad para trabajar en conjunto con mandatarios locales o regionales de otras ideologías y su creencia de que la única elección que vale para tomar todas las decisiones del país es la presidencial. Paradójico para una administración que impulsó una reforma histórica al Sistema General de Participaciones (SGP) y que acaba de presentar su complemento, el borrador de un proyecto de ley de competencias que busca descentralizar el Estado colombiano.
De todo lo ocurrido, tal vez el resumen lo da una frase del presidente Petro. Cuando el alcalde de Cali, Alejandro Éder, agradeció esta semana al ministro de Defensa por enviar equipos para reforzar la seguridad de la ciudad, se sintió ofendido: “Hoy el Alcalde de Cali me mandó un saludo. Llegaron todos los vehículos blindados del Ejército a cuidar Cali, y dijo: ‘gracias, ministro de Defensa’. Punto. ¡Ja! No quieren a Petro. Yo soy el jefe del alcalde, ¿no? Y el jefe del Ejército. Soy el jefe del alcalde, el jefe del Ejército”, dijo. Escuchamos los ecos de cuando, en mayo de 2023, el presidente dijo algo similar, pero sobre el fiscal general de la Nación: “El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena: yo soy el jefe del Estado, por tanto el jefe de él”.
Si bien es verdad que la Presidencia tiene funciones exclusivas que definen la política local, como en temas de seguridad, también lo es que la Constitución garantiza la autonomía de las entidades territoriales. Tal vez el presidente añora los tiempos previos a 1988, cuando la Casa de Nariño designaba a los gobernadores, quienes a su vez designaban a los alcaldes. Pero desde entonces, la elección popular de alcaldes y de otros cargos públicos reconoció la importancia de que las ciudades marquen sus propias prioridades y preferencias. El rol de un presidente es acompañar, apoyar y trabajar de manera concertada, no imponer.
Esa disfunción se vio esta semana con el viaje de Éder y de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, a Washington. Lo hicieron buscando mejorar relaciones con los Estados Unidos, pero el presidente Petro lo sintió como una usurpación de funciones. El ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que “ellos están suplantando funciones que son del Gobierno nacional, como son los temas de seguridad nacional y de orden público”. En respuesta, el alcalde Gutiérrez también cayó en un radicalismo nocivo al decirle al presidente: “Petro, ya actúas como un dictador”.
¿De qué sirve esta lucha de egos y confrontaciones? En lo referente a las relaciones con Estados Unidos, de poco. El efecto se ve también en otras discusiones urgentes. El Gobierno presentó un borrador de la Ley de Competencias en el que pretende modificar las responsabilidades de las entidades territoriales. Expertos han manifestado que falta identificar mejor las competencias, algo en lo que los alcaldes y gobernadores del país pueden aportar mucho. Porque Colombia se construye así, en la diferencia, en la colaboración de los opuestos. De lo contrario, las ciudades sufren mientras sus gobernantes ven quién tiene más “me gusta” en sus publicaciones agresivas de X.
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