El anuncio de investigación a Hidroituango por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) pone de presente una tensión que, bien llevada, puede ser útil para Colombia. Por un lado tenemos una ANLA que, encabezada por Irene Vélez (también ministra de Ambiente en funciones), ha mostrado mucha más disposición sancionatoria que en gobiernos anteriores y un claro compromiso por hacer valer la presencia de una autoridad ambiental firme de vigilancia. Por otro lado está la labor de empresas que, como EPM en este caso, sienten algo de injusticia al ser señaladas por su tamaño a pesar de que están cumpliendo múltiples requisitos de calidad de funcionamiento a nivel nacional e internacional. La pregunta es si hay forma de que esos procesos de sanciones se conviertan en un espacio de construcción entre los sectores privado y público en vez de serlo de fricciones y resentimientos inadecuados.
En el mismo comunicado en el que se anunció la apertura de investigación contra Hidroituango, la ministra (e) Vélez sacó pecho porque “en el último año la ANLA ha impuesto 124 sanciones, lo que representa nueve veces más que el promedio del gobierno anterior. Adicionalmente, la Autoridad impuso multas por COP 82.467 millones, la cifra más alta en su historia y un aumento del 230 % frente al recaudo promedio en el gobierno anterior”. Eso amerita consideración. Aunque los críticos pueden leer en estas cifras un ejercicio regulatorio exacerbado, la realidad es que Colombia sí tiene una larga historia de autoridades ambientales sin dientes y sin capacidades de vigilar los proyectos del país.
La apuesta del gobierno de Gustavo Petro para fortalecer tanto al Ministerio de Ambiente como a la ANLA reconoce que hay problemas serios de sostenibilidad que simplemente no se pueden solucionar sin vigilancia del Estado. En eso estamos de acuerdo. Claro, sin caer en la trampa de lugares como California, por citar un ejemplo paradigmático, donde las regulaciones “verdes” son tan complejas y costosas de navegar que han entorpecido construcciones necesarias. No es, creemos, el caso de Colombia. Es útil que al sentarse a la mesa con el sector privado los colombianos estén representados por una autoridad que muestre su fuerza y haga cumplir las normas.
Ahora, la legitimidad de toda intervención regulatoria pasa por demostrarle al país, y a las empresas vigiladas, que se actúa con transparencia y genuina voluntad de diálogo. En ese punto está el talón de Aquiles de la administración Petro, muchas de cuyas entidades han operado más impulsadas por las rencillas del mandatario que por un interés en tender puentes que beneficien a todos los colombianos. Aterrizando este debate con Hidroituango, en entrevista con Caracol Radio, Vélez negó que la nueva investigación se trate de una retaliación contra un proyecto que nunca ha sido del gusto del presidente. Según la funcionaria, este acto administrativo identificó tres posibles problemas: incumplimiento en el caudal descargado aguas abajo del sitio de la presa; afectación a fauna y especies protegidas, en 60 hectáreas al subir la cota y falta de implementación de medidas para equilibrar el caudal en tiempos de sequía.
EPM negó, de entrada, todos los cargos. En un comunicado recordó que “en la actual temporada de lluvias no se han registrado emergencias aguas abajo asociadas a las descargas de Hidroituango”. También dijo que las diferencias en caudales descargados siempre están bajo monitoreo y que en ocasiones la hidroeléctrica ha servido para regular el flujo de agua y evitar inundaciones. El gerente general de EPM, Jhon Maya Salazar, expresó frustración por sentir que la operación es hipervigilada y a menudo juzgada por detalles que no son tan problemáticos como lo hace ver la autoridad ambiental.
No somos quiénes para entrar a mediar un tema con alto grado de complejidad técnica. Lo que sí parece evidente es que, ante dos actores interesados en el bienestar del área de influencia de la represa, esta debería ser una oportunidad de diálogo. Incluso si termina en sanción, el objetivo tanto de autoridad como de empresa podría enfocarse en trabajar en conjunto para evitar futuros enfrentamientos. Si la voluntad de cooperación está, se cumple el objetivo constitucional de la ANLA.
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