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El presidente Gustavo Petro no puede seguir actuando con despreocupada ligereza cada vez que tiene una sospecha de persecución. Inspirado tal vez por las dinámicas de su red social favorita, y por la urgencia de fortalecer la campaña política de su sector ideológico con miras al año entrante, el mandatario lanza afirmaciones infundadas, como si no tuviera a su disposición toda la información de las agencias de inteligencia y de la diplomacia colombiana para medir sus alcances. El resultado más claro de ese actuar irresponsable ha sido esta semana la llamada a consultas del embajador estadounidense “ad-hoc” en Colombia, el enfriamiento de las relaciones con el principal aliado de nuestro país y la preocupación de tantos colombianos que tienen lazos financieros y sociales con el país del norte.
Ahora sabemos, gracias a las revelaciones de El País de España, que el presidente Petro escuchó desde antes los audios interceptados al excanciller Álvaro Leyva conspirando en su contra, acto que, como ya dijimos en estas páginas, es censurable. Sin embargo, las declaraciones públicas del mandatario fueron mucho más allá. “Dice un presidente vecino que Marco Rubio está organizando un golpe de Estado contra mí”, señaló hace unas semanas, refiriéndose al secretario de Estado de Estados Unidos. Sin aportar pruebas, sin tener cómo sustentarlo. Acusar, a partir de una mención en unos audios o del comentario de una fuente tan poco confiable como el dictador venezolano, al más alto funcionario de política exterior de estar detrás de un complot, es de una irresponsabilidad pasmosa.
Como no hubo retractación, llegó el reproche diplomático. Esta semana el secretario Rubio llamó a consultas a John T. McNamara, su encargado de negocios en Colombia, por las “declaraciones infundadas y reprensibles de los más altos niveles del gobierno” de Gustavo Petro. En respuesta, muy a su manera de reconocer errores sin hacerlo, el presidente Petro reculó. “No creo que Marco Rubio esté en un golpe de Estado contra Petro, porque los señores de la extrema derecha que estaban en eso no llegaron a su oficina”, dijo. No ofreció disculpas.
Es claro que frente a los comentarios destemplados de algunos congresistas radicales de Estados Unidos sobre el presidente Petro se puede y se debe exigir respeto. Pero pasar de ahí a acusarlos de delitos tan graves, como promover un golpe de Estado en Colombia, hay mucho trecho. Lamentablemente, tenemos un Gobierno que prefiere la hostilidad, incluso cuando se requiere mesura.
Nos dirán que el presidente tiene derecho a pedir que se investigue una conspiracipon en su contra, y estamos de acuerdo. El problema es que desde la Casa de Nariño no haya responsabilidad en las acusaciones que se dirigen a nuestros aliados. Lo comentó el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña: “Las opiniones especulativas o inflamatorias no aportan al fortalecimiento de la conversación bilateral, ni al cuidado de una relación basada en el respeto mutuo, la cooperación y el entendimiento compartido”. Parece que no lo escuchan en el Gobierno al que representa.
Que todo este problema le caiga al gobierno Petro sin un canciller en funciones es una muestra adicional de la improvisación y falta de rigurosidad en el manejo de las relaciones internacionales. La diplomacia colombiana empieza y termina en la cuenta de X del presidente, con sus incoherencias y actos impulsivos. Todos los colombianos sufren, en medio de un clima geopolítico enrarecido. Con un caprichoso en la Casa Blanca y varias guerras en curso, nuestro país debería estar intentando navegar con destreza, con prudencia y, sobre todo, preguntándose qué es lo mejor para los colombianos. Pero esa no parece ser la prioridad.
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