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El Gobierno Nacional sigue persiguiendo con angustia los pequeños incendios que va produciendo su aumento desproporcionado del salario mínimo. Desde amenazas de investigaciones con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) hasta la estigmatización a través de la cuenta de X del presidente Gustavo Petro, la tesis de la Casa de Nariño consiste en que los precios no deberían aumentar a menos de que haya una conspiración oligárquica contra los ciudadanos. Sin embargo, la realidad invita a pensar que, a mayores costos por causa de salarios y otros factores, los precios tienen que subir. La desindexación no es suficiente por los factores complejos que están relacionados con la tasa del salario mínimo decretada, quizá con buena intención, pero sin medir alcances ni consecuencias.
El presidente Petro no está de acuerdo con las últimas frases del párrafo anterior. En una publicación, donde pidió a los trabajadores tomarse las calles, escribió: “No habrá inflación en Colombia por el salario vital, nunca existió eso en la realidad de la historia económica de Colombia; lo que hace elevar los precios son los precios de la comida, porque la oligarquía no fue capaz de hacer una reforma agraria, eso se demuestra en los datos estadísticos como tendencia científica”. Más allá de la necesaria discusión sobre la distribución y el aprovechamiento de la tierra en el país, el mandatario busca simplificar y dar por saldado un debate que tiene muchas aristas.
Otras de sus frustraciones lo demuestran. También en su cuenta de X, les pidió a las asambleas de copropietarios “por favor no caer en arribismos. Cada dueño de empresa de seguridad privada gana el doble por cada vigilante”. Esto en respuesta a las quejas por los aumentos previstos y justificados en las cuotas de administración de edificios y conjuntos. Sin embargo, las asambleas se enfrentaron a una realidad que va más allá de la retórica presidencial: los sueldos de vigilancia, aseo, personal administrativo y de mantenimiento aumentaron, y es necesario que la copropiedad cubra esos costos. La solución es incrementar el valor de la administración o despedir a trabajadores, lo que va en contravía de los deseos del país entero.
Ante el aumento en los costos de la vivienda de interés social (VIS), cuyos precios han estado indexados al salario mínimo, el Gobierno Nacional anunció un decreto. La primera pregunta es por qué ese trámite no se hizo antes. La segunda, más compleja, es qué podrán hacer las constructoras a medida de que sus costos suban a lo largo de proyectos que tardan entre tres y cuatro años en completarse. La SIC ya las amenazó con investigaciones; una vigilancia que, en este caso, parece más intimidación. Según datos del Ministerio de Vivienda con corte a septiembre del año pasado, de los 1.180 proyectos de VIS identificados a nivel nacional, 888 (75,3 %) informaban sus precios en salarios mínimos, lo que quiere decir que están en vísperas de ver aumentos lesivos para los compradores.
Un control de precios improvisado y la estigmatización de quienes ajustan sus cuentas al elevado aumento del salario mínimo no son estrategias adecuadas para dirigir la economía del país. Tampoco es una manera de proteger a los trabajadores que el Gobierno dice defender. A medida que sigan aumentando las quejas por el alza de los precios, la Casa de Nariño tendrá que asumir la responsabilidad de su decisión, así trate de eludirla.
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