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Una Asamblea Nacional Constituyente implica la refundación de Colombia. Eso fue lo que se buscó en 1991, cuando, después de años de violencia cruel y ante un marco normativo desactualizado e ineficiente, un grupo de ciudadanos les apostó a la paz y a la institucionalidad para construir un país distinto. El logro en aquel momento fue monumental. Los 35 años de la Carta Política la han mostrado como un documento moderno, garantista y capaz de evolucionar con los tiempos. Lo que en su momento se sentía como una utopía en medio de carros bomba del narcotráfico, en 2026 es la pieza angular de una democracia viva y de instituciones que, con todos sus errores y posibilidades de mejora, se han ganado el prestigio de los ciudadanos. Ahora que está en marcha la solicitud de cambiar esa Constitución, ¿estamos en un momento histórico capaz de producir un documento que esté a la altura de ese cambio de paradigma?
Esta semana el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, llevó el formulario de recolección de firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente a la Casa de Nariño. El presidente Gustavo Petro, visiblemente emocionado, dijo que quería ser el primero en poner la firma. Aunque Presidencia ha hecho esfuerzos por decir que se trata de una iniciativa popular y no oficialista, la realidad es que los vientos constituyentes empezaron hace años en la retórica del mandatario. A finales del año pasado, cuando la Rama Legislativa hundió una de sus reformas tributarias, escribió: “En verdad, ganar una mayoría ciudadana en el Congreso de Colombia y aislar la mafia política debe tener como objetivo desatar el poder constituyente”. El petrismo está convencido de que su proyecto político necesita unas nuevas reglas de juego para poder cambiar estructuralmente a Colombia.
La lectura inmediata de esta propuesta constituyente se ha centrado, justificadamente, en la estrategia política de la Casa de Nariño. El presidente, que ha mostrado abierto desdén a las normas que le prohíben intervenir en el proceso, vio en la recolección de firmas una oportunidad electoral. Pacto Histórico y Presidencia, entonces, le han dicho al país que un voto por ellos es la manera de reelegir el proyecto del mandatario y, de paso, lograr un eventual cambio de la Constitución. Que esto se haga con recursos públicos no deja de ser un abuso de poder y un ataque a las reglas democráticas.
Dicho lo anterior, la propuesta de constituyente merece un análisis de fondo. El presidente Petro tiene un punto en que las personas están cansadas de no sentirse representadas por el ecosistema institucional. Más allá de los análisis sobre la presidencia Petro, su llegada a la Casa de Nariño demostró un hastío con la falta de respuestas a problemas estructurales, así como un rechazo al estancamiento que produce la No podemos olvidar que el otro candidato en segunda vuelta, Rodolfo Hernández, también recibió una votación abrumadora con el mensaje simple de no pertenecer a la clase política y de tener soluciones sencillas a falencias históricas. corrupción. Empero, cambiar la Constitución no es la respuesta.
Una constituyente, en un país tan dividido y un mundo tan convulsionado, abre la puerta a desastres y retrocesos, así como a facilitar abusos populistas. Si exaltamos nuestra Constitución actual no es porque no veamos sus fallas, sino precisamente porque fue el resultado de muchas visiones en tensión que lograron aglutinarse alrededor de una idea de país común. Ahora, en cambio, se trata de una propuesta lanzada desde el poder gubernamental y su fuerza política en total contravía con la mitad del país, para lo cual además plantea arrogarse la atribución de asignar a su criterio la representación de sectores sociales minoritarios en esa eventual asamblea constituyente.
Está claro que si la democracia no lleva a reformas tangibles que mejoren la vida de las personas y si la clase política se siente cómoda en su transaccionalismo de siempre y en mantener el “statu quo”, la indignación seguirá en aumento. No es la Constitución, sin embargo, el obstáculo.
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