El paro arrocero que afecta a varias regiones del país pone en evidencia un problema estructural: Colombia produce más de lo que consume, lo que presiona los precios a la baja y genera pérdidas para los agricultores. Esto se acentúa con la eliminación del incentivo de almacenamiento, un mecanismo que durante tres décadas permitió a la industria guardar los excedentes de producción y regular su oferta en el mercado. Sin ese colchón, el arroz circula en mayores cantidades, abaratando su precio y dejando a los arroceros en una situación vulnerable. Eso sin mencionar un abultado ingreso de arroz de contrabando sin control. Por ahora, el gremio y el Gobierno no han llegado a acuerdos.
La dependencia del incentivo al almacenamiento creó una falsa sensación de estabilidad en el sector, pero en la práctica no garantizaba una planificación efectiva de la producción. Cuando el Gobierno lo eliminó, argumentó que no había servido para ordenar las siembras y que, además, el Estado no tenía los recursos para seguirlo financiando. Sin embargo, los arroceros insisten en que la sobreoferta es un fenómeno natural en la producción, pues el 70 % del arroz en Colombia es de secano y depende de las lluvias, lo que genera excedentes en ciertos periodos del año. Con o sin incentivo, lo cierto es que el sector necesita mayor coordinación entre productores, compradores y entidades agrofinancieras para planificar mejor las cosechas y reducir la incertidumbre económica.
Uno de los mayores efectos de la caída en los precios es el endeudamiento del sector. Muchos productores, especialmente los pequeños y medianos, financian sus siembras con créditos bancarios o préstamos informales. Con un mercado inestable y precios de compra por debajo de los costos de producción, se ven atrapados en un círculo vicioso: pagan intereses elevados sin poder cubrir sus costos operativos, lo que los empuja a refinanciar deudas y prolongar su crisis económica. En este sentido, es legítimo que el gremio exija alivios financieros, como condonaciones parciales o reducción en tasas de interés, pero esto no puede ser la única solución. Es urgente un modelo de financiamiento más estructurado y adaptado a las particularidades del sector agropecuario, que evite que cada bajón en los precios se convierta en una crisis de impago y baja o nula rentabilidad.
A la problemática de la sobreoferta se suma la entrada de arroz extranjero. Tanto el contrabando desde Ecuador como las importaciones legales ponen a los agricultores en una competencia desigual. El arroz que entra al país, muchas veces a precios más bajos por costos de producción menores en el exterior, golpea el mercado local y agrava la crisis del gremio. Aquí sí es imperativo que el Gobierno refuerce los controles en la frontera y adopte medidas regulatorias para que el comercio sea más equilibrado y no termine afectando a los productores nacionales.
Los arroceros también reclaman regulaciones en los precios, protección frente a los tratados de libre comercio y ajustes en los costos de la semilla certificada. No obstante, si bien es justo exigirle al Gobierno acciones en estos frentes, también es necesario que el gremio asuma su propia responsabilidad en la solución del problema. La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, ha hecho un llamado a una mayor organización productiva.
Si bien el racionamiento de la siembra puede ser una estrategia a mediano plazo, no será suficiente sin una clara redistribución de los momentos de cosecha. Una combinación de incentivos a la exportación, control al contrabando e inversiones de fondo entre el Gobierno y el sector arrocero podría estabilizar los precios y evitar futuras crisis.
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