Los gobernadores del país se equivocan y le hacen daño a la legitimidad institucional al buscar burlarse del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional. Si bien es cierto que la Casa de Nariño intentó una estrategia similar cuando quiso saltarse al Congreso para convocar su consulta popular, tanto en aquel momento como ahora, invocar una excepción de inconstitucionalidad es inadecuado, peligroso y crea un precedente problemático para la democracia. No se puede combatir lo que ellos consideran un abuso de poder con otro tipo de abuso a las normas establecidas. Las discrepancias se deben tramitar ante la Corte Constitucional e insistiendo en el diálogo con el Gobierno Nacional.
Diecisiete gobernaciones del país estuvieron de acuerdo en oponerse a los impuestos al tabaco y al alcohol que impuso el Gobierno Nacional a través de su decreto de emergencia económica. Liderados por Dilian Francisca Toro (Valle), Andrés Julián Rendón (Antioquia) y Magali Matiz (Tolima), argumentan que los tributos afectan “la estabilidad financiera de las entidades territoriales y, con ello, la inversión y los recursos para la atención en salud, educación y deporte en todas las regiones del país”. La Casa de Nariño busca recaudar COP 762.000 millones en impuestos adicionales al tabaco, COP 309.000 millones en vapeadores y COP 6,5 billones en impuesto al consumo. La molestia de los gobernadores es que las entidades territoriales utilizan el tributo de las ventas de tabaco y alcohol para financiar sus sistemas de salud y que los montos agregados por el Gobierno van a disminuir el consumo y, por lo mismo, esas rentas.
La primera discusión importante es sobre la constitucionalidad del decreto de emergencia económica. Estamos de acuerdo con los gobernadores sobre el error del Gobierno Nacional al hablar de una crisis sobreviniente cuando el problema fue su incapacidad política en el Congreso y la falta de recortes adicionales. No estamos solos en esta lectura, la cual es compartida por expertos independientes en áreas de la economía y el derecho. Sin embargo, quien debe definirlo es la Corte Constitucional, que ya está en proceso de estudio del decreto. Los gobernadores pueden participar en el proceso del tribunal, como el resto de los colombianos. Pero invocar de antemano una excepción de inconstitucionalidad es caer en la trampa de seguir debilitando a las instituciones. No le corresponde al gobernante de turno, sea alcalde, gobernador o presidente, decidir qué normas cumple y cuáles desobedece. Nuestro ordenamiento jurídico tiene herramientas establecidas para contradecir aquello con lo que no se está de acuerdo, y estas exigen respeto.
La segunda discusión tiene que ver con la idoneidad de los impuestos. Es extraño que las entidades territoriales tengan que defender, así no lo digan de labios para afuera, el consumo de alcohol y tabaco porque sus finanzas dependen de eso. Este modelo está en mora de ser cambiado y las gobernaciones utilizarían mejor su capital político buscando una aprobación adecuada y expedita de la norma complementaria a la nueva ley de competencias. La crisis de recursos públicos no se soluciona fomentando que las personas continúen en sus malos hábitos de salud. Si más impuestos al alcohol y al tabaco implican una reducción en su compra, eso no debería ser una mala noticia.
La “rebeldía” de los gobernadores está equivocada. La Presidencia de la República y la institucionalidad deben ser respetadas. Mientras la Corte Constitucional se pronuncia, las regiones necesitan hablar con el Ministerio de Hacienda, como se ha anunciado ya, para llegar a acuerdos. Así se protege la Constitución.
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