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Las redes sociales de internet se convirtieron en la herramienta más efectiva para violar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Solo hemos visto la punta del iceberg, mientras que los gobiernos regionales no parecen preocupados por la falta de regulación que aplica a empresas como Meta, ByteDance, Google y otras. La situación es urgente, como lo demostró una investigación publicada por El Espectador y titulada “Inocencia en juego”. En ella profundizamos sobre grupos abiertos de Facebook creados para hablar de música, temas o caricaturas que les interesan a niñas, niños o adolescentes de Latinoamérica, en los que se estaban compartiendo “retos sexuales” y buscando contactar a posibles menores de edad con fines sexuales. Los hallazgos son escandalosos, dolorosos y muestran la necesidad de tomar medidas cuanto antes.
La investigación fue coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), y además de El Espectador se sumaron Chequeado (Argentina), Crónica Uno (Venezuela) y Factchequeado y el Tech Policy Press (Estados Unidos). Gracias al trabajo coordinado de los periodistas pudimos desentrañar ese mundo de engaño y abuso sexual que pone en riesgo a la infancia de toda una región. Nos queda, sin embargo, un muy mal sabor de boca: saber que lo que pudimos encontrar es solo una parte muy pequeña de un problema muchísimo mayor y que vive en la impunidad.
La buena noticia es que Meta, el gigante tecnológico dueño de Facebook, bajó de la plataforma 20 de estos grupos que se reportaron a partir de esta investigación. Pero estas dinámicas de acoso sexual o “grooming” a menores de edad están presentes en esta y otras plataformas como Instagram, TikTok y WhatsApp, como demostró este especial. No basta con esperar a que haya buena voluntad de parte de las compañías tecnológicas, cada vez más hostiles a cualquier tipo de reclamo por parte de la sociedad civil. Por lo anterior, es urgente que el Gobierno y el Congreso se articulen con países de la región para trabajar en una normativa regional que proteja mejor a nuestras infancias en entornos digitales, como ha sucedido en Europa. ¿Por qué este tipo de medidas, que pueden llevar a una integración de los distintos países de la región, no se han puesto sobre la mesa? Queda la sensación de que nuestros gobiernos viven entre el desinterés y la ignorancia.
Colombia puede y debe, por ejemplo, suscribir este año la Convención Internacional sobre Ciberseguridad, que fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas. El tratado debe ser ratificado por un número de países antes de ser oficial, y busca crear un marco legal internacional para la persecución de estos delitos y otros relacionados con el uso de estas tecnologías de la información. ¡Cuanto antes necesitamos vincularlos!
En el nivel local, debemos seguir formando a funcionarios de la Rama Judicial y policial para que no revictimicen a las niñas, niños y adolescentes víctimas de estos delitos, así como garantizar que estos tengan acceso a servicios de soporte, apoyo y protección. Los ciberdelitos son el día a día de muchos menores vulnerables, y nuestro Estado no puede quedarse atrás.
El sacudón, al final, pasa por nuestra cultura. Es evidente que las niñas y adolescentes están cada vez más sexualizadas a más temprana edad y que esto tiene impactos hondísimos y terribles sobre sus vidas. Ya es tiempo de que en Colombia se deje de normalizar el acoso y la actividad sexual con personas menores de 18 años. La inocencia, en efecto, está en juego.
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