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Bajo la Constitución de 1991 no habíamos tenido un desconocimiento de los resultados electorales como el que presenciamos esta semana que termina. El presidente saliente, Gustavo Petro, dijo, sin aportar pruebas, que el pueblo votó por el senador Iván Cepeda y que no iba a reconocer al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Lo que siguió fue un intercambio de acusaciones entre el todavía mandatario y el próximo, al mismo tiempo que se levantaron las reuniones de empalme. A pesar de la tensión vivida, tal vez la historia más importante sea lo que no ocurrió: el país no entró en crisis, las instituciones respondieron con fortaleza y no hay duda de que el próximo 7 de agosto habrá un nuevo presidente, cumpliendo la promesa de nuestra democracia.
No entraremos en controversias sobre las evidencias que el presidente Petro ha prometido presentar. Los mecanismos institucionales, tanto en el orden nacional como en el internacional, están a su disposición. Sí diremos, una vez más, que los observadores internacionales, los observadores nacionales y varias organizaciones independientes fueron garantes de nuestras elecciones. Cada vez que el presidente Petro ha enarbolado la bandera del fraude, el periodismo y la sociedad civil se han dado a la tarea de verificar lo que ocurre con seriedad. Y no hemos encontrado razón alguna para dudar del resultado de la segunda vuelta.
Sí es útil, en todo caso, hacer un contrafactual sobre lo ocurrido esta semana. Un presidente bastante popular utilizó su potente megáfono para decirles a los colombianos que les robaron las elecciones. ¿Qué habría pasado si las personas hubieran salido a las calles enardecidas? ¿Y si, entonces, el presidente, envalentonado, hubiera decidido no dejar el poder el próximo 7 de agosto? ¿Cuál habría sido la reacción de la contraparte? Estaríamos en medio de una crisis de proporciones inmanejables.
¿Por qué no ocurrió? Hay que reconocer el trabajo silencioso de miembros del Pacto Histórico que, reconociendo el delirio, le bajaron el tono. Pero no fueron los únicos. Procuraduría y Contraloría entraron a mediar para garantizar que el empalme pudiera realizarse a pesar de la ausencia de diálogo. Las cortes, que tienen ya larga historia de independencia, son espacios adecuados para tramitar la acción de nulidad electoral que anunció el mandatario en medio de su resignación. Cuando los discursos políticos buscan generar un shock, es fundamental que las reglas de juego no se alteren, que los árbitros operen con precisión y que el Estado sea más grande que un apellido.
Los estudios sobre casos de éxito en políticas públicas muestran que tener instituciones fuertes, con legitimidad social y con mecanismos de transparencia son claves para que un Estado sobreviva a los momentos de alta tensión. Esas mismas instituciones son vistas con recelo por caudillos que las entienden como un obstáculo para sus intereses individuales. Por eso hemos escuchado y seguiremos oyendo discursos que buscan atacarlas, desprestigiarlas y reducir su campo de acción. No se trata de defenderlas a ojos ciegos, sino de navegar con delicadeza la necesidad de mejorarlas al mismo tiempo que se les muestra a las personas lo útiles que son. Vendrán más choques, y no solo desde un sector ideológico. Si queremos que nuestra democracia los resista, hay que apostarle a la construcción de Estado.
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