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Una noche de hace 40 años, mientras veían Sábados Felices, la familia de Leonardo Posada Pedraza –recién electo congresista por la Unión Patriótica (UP)– supo que dos sicarios lo habían asesinado a tiros en Barrancabermeja. Dos días después, en circunstancias calcadas, cayó en Villavicencio el senador del mismo partido, Pedro Nel Jiménez. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aquellos fueron los primeros disparos de una avalancha de más de 5.733 asesinatos y desapariciones que configuraron un genocidio político en Colombia. Aunque en enero de 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado colombiano responsable por este exterminio –por su omisión de protección y la alianza directa de agentes estatales con grupos paramilitares–, la reparación sigue siendo una deuda aplazada: la familia de Posada advierte hoy que el proceso permanece embolatado entre el gobierno saliente y la nueva administración.
La UP surgió en 1985 tras los Acuerdos de La Uribe, celebrados entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC-EP, con el fin de abrirle espacio a la izquierda democrática tras décadas de hegemonía bipartidista. No era un proyecto exclusivo de excombatientes: en sus filas convergieron el Partido Comunista, sindicalistas, movimientos campesinos, estudiantes e intelectuales independientes. Su irrupción fue incuestionable. En las elecciones de 1986 obtuvieron cinco curules en el Senado, nueve en la Cámara (incluyendo suplencias), 14 diputados, 23 alcaldías, 351 concejales y un histórico tercer lugar en las presidenciales con Jaime Pardo Leal, asesinado al año siguiente.
Sin embargo, ese ascenso desafió los poderes políticos, particularmente en las regiones. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha documentado cómo el exterminio respondió a una letal confluencia: la doctrina de seguridad nacional que estigmatizó al partido como fachada de la guerrilla, el accionar armado persistente de las FARC que dejó a la militancia legal atrapada en el fuego cruzado, y la alianza represiva entre narcotraficantes, latifundistas, paramilitares y agentes del Estado. La violencia cerró los canales de la participación democrática, alimentó la desconfianza de quienes optaron por rearmarse y profundizó el conflicto armado por tres décadas más.
En el caso de Posada, la justicia ordinaria jamás condenó a los autores, ni materiales ni intelectuales, del magnicidio. Si bien la JEP imputó como máximos responsables a altos mandos como los generales (r) Iván Ramírez Quintero y Rito Alejo del Río, junto con los tenientes coroneles (r) Jorge Luis Mejía, Eduardo León Figueroa y Manuel José Pérez, en la reconstrucción de los hechos persisten encrucijadas críticas. Como señala la familia del líder asesinado, ejecutores clave como alias Vladimir ya cumplieron sus penas sin aportar mayor luz y hoy se desconoce su paradero. No hay expectativas de que llegue justicia por la vía judicial.
A pesar del precedente, las garantías de seguridad para quienes le apostaron a la paz siguen en entredicho en este país. La figura que en campaña utilizó el presidente, Abelardo de la Espriella, cuando dijo que destriparía a la izquierda, generó rechazo, pero no sería novedad: en Colombia ya ha ocurrido y el caso de la UP nos lo recuerda. Una vez electo, aseguró que trabajaría por desmontar las garantías de los firmantes del Acuerdo de 2016. Desde la firma del Acuerdo, más de 500 firmantes han sido asesinados. Es cierto que el espectáculo de la contienda política suele distar de los deberes de la magistratura, y el presidente tiene la obligación constitucional e imprescriptible de garantizar que la violencia no se repita. Mantener viva la memoria de las víctimas ayuda para evitar que Colombia tropiece de nuevo con su propia historia.
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