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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tuvo una semana movida en términos de mostrar resultados de sus múltiples investigaciones. Ayer, nueve comparecientes de las FARC reconocieron su responsabilidad por crímenes en el norte de Cauca y el sur de Valle del Cauca. El martes, los tribunales de paz calificaron el ataque contra la Unión Patriótica (UP) como genocidio y le imputaron responsabilidad penal a cinco altos mandos retirados del Ejército. Ese mismo día imputó como máximos responsables a ocho comparecientes de las FARC, 21 comparecientes de la Fuerza Pública y cinco civiles por crímenes en Urabá. Todo esto se une a que el viernes de la semana pasada se reconoció al territorio de los Montes de María como víctima del conflicto armado en el Caso 08. Todo esto muestra que, pese a las amenazas nacionales y extranjeras, el trabajo de la justicia transicional sigue sus juiciosos avances.
Ha sido un año complejo para la JEP. Las primeras decisiones en el marco del Acuerdo de Paz llevaron a múltiples reacciones de inconformidad y ataques desde todos los sectores políticos. A eso se sumó la pregunta abierta sobre su financiación, dado el desinterés del gobierno de Estados Unidos por seguir apoyando proyectos en nuestro país y las posiciones ambivalentes del gobierno de Gustavo Petro en todo lo que tiene que ver con el proceso de paz de La Habana. Por momentos se ha sentido que la justicia transicional es el comodín retórico para quien desee ganar puntos electorales o mostrar cómo los acuerdos negociados con grupos armados no funcionan. Sin embargo, el tribunal ha seguido su trabajo y mostrado que sus investigaciones están construyendo un compendio esencial para la memoria histórica de nuestro país y para alcanzar una dosis de justicia en medio de tanta impunidad.
Por ejemplo, de los avances que mencionamos al empezar, podríamos comenzar con los dos más simbólicos. El Caso 08 investiga, en palabras de la JEP, “crímenes que pudieron haber sido cometidos por miembros de la Fuerza Pública y otros agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles, durante el conflicto armado” en los Montes de María y los territorios aledaños. Al reconocer al territorio completo como víctima, la JEP encontró que la violencia también se manifestó en “la interrupción de los equilibrios espirituales, ecológicos y culturales que definen al territorio”. Gracias a esta medida todas las comunidades que habitan la zona pueden solicitar medidas restaurativas en la sentencia que está próxima a salir.
En cuanto a la UP, no es menor que un tribunal colombiano concluya que “el ataque sistemático tuvo la intención deliberada de destruir a la Unión Patriótica”. Tal vez lo más impactante son las cifras que arroja la Jurisdicción: al menos 8.924 víctimas, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas, y 3.200 fueron víctimas de atentados, desplazamientos forzados, exilio, tortura y otros crímenes.
Si a eso se suman los crímenes por los que se presentaron imputaciones, el argumento para desestimar la JEP en torno a la impunidad pierde impacto. Sí, las sanciones han sido insatisfactorias, pero la construcción de relatos sobre lo que ocurrió y el reconocimiento de responsabilidades son un gran aporte a la historia del país. La justicia transicional sigue siendo un modelo para el país y para el mundo de cómo, en medio de tanto desastre, intentar reparar desde la investigación rigurosa. El año entrante, en medio de elecciones, no podemos perder de vista los aprendizajes que nos va dejando este gran experimento en justicia.
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